La fiscalía mantiene la petición de dos años de cárcel para Daniel Fernández y Bustos

La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular ejercida por Sabadell Lliure de Corrupció mantienen su petición de dos años de cárcel y seis de inhabilitación para el exnúmero dos del PSC Daniel Fernández, el exalcalde de Sabadell Manuel Bustos, su hermano Francisco Bustos y la alcaldesa de Montcada y Reixac, Maria Elena Pérez, los cuatro acusados en la pieza del 'caso Mercurio' que investiga el supuesto nombramiento a dedo para un puesto de asesora en Montcada a Carmina Llumà, una exalto cargo del tripartito. La defensa, en cambio, solicita la absolución al considerar que la decisión de contratar a Llumà la tomó Pérez antes de hablar con Bustos y Fernández osbre este tema.

En la última sesión del juicio, celebrada este viernes, el fiscal Fernando Bermejo ha argumentado en su informe final que las escuchas telefónicas que la defensa quiere impugnar fueron plenamente legales y justificadas. Además, ha recordado que para cometer un delito de tráfico de influencias, del que se acusa a Fernández y los hermanos Bustos (la alcaldesa está acusada de prevaricación), no es necesario que se tome una decisión ilegal, sino que el simple intento ya es delictivo.

Asimismo, el fiscal rechaza una prueba de última hora aportada por la defensa: la fotocopia de una página de la agenda electrónica de Daniel Fernández que confirmaría que la reunión con la alcaldesa de Montcada fue horas después de que esta se reuniese con una de las psicólogas que había hecho el proceso de selección y le pidiese que variase los criterios de elección.

"AFINIDAD POLÍTICA"

El abogado de la acusación popular, Raúl García, ha destacado que sobre la candidata escogida para el puesto del Ayuntamiento de Montcada, Carmina Llumà, ha quedado acreditado que hay una "afinidad política" con el partido de los acusados, el PSC, ya que ha ocupado varios cargos de confinaza durante gobiernos socialistas.

García también ha destacado que una conversación del 10 de mayo, posterior a una reunión entre Llumà y Bustos, demuestra la intervención de los acusados en la contratación y ha rechazado que los acusados no supiesen que había un proceso de selección porque en las conversaciones intervenidas hablan de candidatas y pruebas.

DECISIÓN TOMADA

Finalmente, en su turno, la defensa, ejercida por Cristóbal Martell, ha reclamado la absolución al considerar que no hubieron presiones para designar a Llumà para el cargo de Montcada y que la decisión ya estaba tomada por la alcaldesa nates de hablar con Bustos y Fernández. Martell ha reiterado su impugnación de las llamadas pinchadas, que debe estudiar el tribunal.