El fiscal pide casi 7 años de cárcel para Alavedra, Prenafeta y Muñoz

Sentados en el banquillo de los acusados por ser el epicentro de la trama Pretoria, los dos hombres de máxima confianza de Jordi Pujol en su primera década en la Generalitat, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, y el exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz tendrán que hacer frente a una petición de cárcel de seis años y 10 meses para cada uno. Son las penas que solicita la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. Asimismo, para resarcir las ganancias ilícitas presuntamente obtenidas por los procesados en los tres grandes pelotazos urbanísticos que se investigaron en la operación, en Santa Coloma, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres, el fiscal también reclama multas y decomisos por un valor total de 93,71 millones de euros.

En un escrito de acusación provisional de 71 páginas, hecho público ayer, la fiscalía sostiene que, «a sabiendas de la influencia que ejercían sobre determinados cargos públicos de Catalunya», el exconseller Alavedra y el exsecretario de Presidència Prenafeta «planificaron y ejecutaron el cobro de cuantiosas comisiones a cambio de la concesión de adjudicaciones públicas relacionadas con el desarrollo urbanístico» de los tres ayuntamientos mencionados, y que «contaron con la colaboración de sus esposas en la obtención de las ganancias ilícitas y en su ocultación a la Hacienda pública».

Para ello, prosigue el fiscal, usaron «un complejo entramado societario constituido por entidades domiciliadas en territorios off shore (paraísos fiscales) y diversas cuentas bancarias abiertas en entidades suizas y andorranas, a través de las cuales canalizaron estos fondos que, en ocasiones, invirtieron en la adquisición de diferentes activos financieros». Hace pocos días, en el auto con el que daba por finalizada la instrucción del caso, el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz cifraba en 14,9 millones de euros las ganancias logradas de manera fraudulenta por Prenafeta, y en 6,08 millones las conseguidas por Alavedra.

En consecuencia, aparte de los casi siete años de cárcel que solicita para cada uno, el fiscal pide para Prenafeta una multa de 13,7 millones más el decomiso de otros 5,8 millones en concepto de las ganancias ilícitas obtenidas. Y para Alavedra, una multa de 10,3 millones y el decomiso de 3,2 millones suplementarios. Anticorrupción apunta en su escrito que ambos mantenían «una estrecha relación personal con el entonces president Jordi Pujol». En cuanto al exalcalde Muñoz, cuyas ganancias ilegales estimó el juez en 1.728.064 euros, la petición de multa es de 4,1 millones más el decomiso de 1,1 millones y una vivienda en Barcelona por dos delitos de cohecho.

LA PENA MÁS ALTA / Con todo, el imputado que sale peor parado del escrito de la fiscalía es el exdiputado del PSC Luis García Sáez, Luigi, considerado como el conseguidor de la trama. Para él se reclama la pena más alta: ocho años de prisión y una multa de 22,6 millones más el decomiso de otros 5,8 millones de forma solidaria con cinco empresas. Según el escrito, Luigi medió para comprar terrenos municipales, obtener su recalificación urbanística y venderlos posteriormente con un sobreprecio. El magistrado cifró en 5,8 millones de euros las ganancias ilícitas obtenidas a través de estos tejemanejes.

El fiscal pide también prisión para los otros siete procesados, la mayoría empresarios y testaferros. Asegura que todos intervinieron en las tres operaciones urbanísticas y que lograron «cuantiosos e ilícitos beneficios carentes de toda justificación y lógica comercial». Además, Muñoz habría manipulado el concurso público para la adjudicación en el 2009 de un contrato de limpieza de edificios públicos a favor de la empresa de uno de los procesados.