El 'caso Noós', en resumen

El denominado 'caso Noós', también conocido como 'caso Urdangarin' u operación Babel, deriva del denominado 'caso Palma Arena' que evidenció un descuadre contable de más de 50 millones de euros en las cuentas de construcción del polideportivo de la capital mallorquina. La investigación de las cuentas de esa obra destapó convenios de colaboración entre una entidad sin ánimo de lucro, el Instituto Noós y el Gobierno Balear. El juez instructor José Castro descubrió en esos documentos motivos suficientes para abrir una nueva pieza separada, la número 25 del caso, por apropiación indebida de fondos públicos, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración. Instituto Noós tuvo relaciones con diversas administraciones.

Los responsables de Instituto Noós son Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina, y su exsocio Diego Torres. Los cargos que les imputa la fiscalía anticorrupción son malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales. Quien desató el caso fue el diputado socialista en el Parlamento balear Antoni Diéguez, que en febrero del 2006 difundió que el Govern entonces presidido por el popular Jaume Matas había pagado 1,2 millones de euros a la Fundación Nóos para que celebrara en Palma de Mallorca un Foro sobre Turismo y Deporte entre los días 22 y 25 de noviembre del 2005. El congreso duró tres días y su repercusión fue escasa y su coste elevado. Nóos y varias empresas satélite siguieron funcionando hasta el 2009.

FACTURACIONES CRUZADAS

La investigación ha dejado al descubierto que Instituto Noós y sus filiales sirvieron para generar una actividad económica sorprendente pese a no tener ánimo de lucro. La firma de convenios de colaboración, principalmente con entidades públicas, por parte de estas empresas representadas por Urdangarin es considerada por el juez y la fiscalía como irregular. La cuestión fundamental es que no se convocaron concursos públicos y que el Instituto Noós era una pantalla de facturación de una red societaria. Diversas empresas dependientes del Instituto Noós se facturaban servicios entre si.

El juez Castro levantó el secreto del sumario en el 2011 e imputó a Iñaki Urdangarín delitos en la actividad de Nóos de evasión de impuestos, fraude fiscal, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

LAS DECLARACIONES

Los dos primeros imputados llamados a declarar fueron el exsocio de Urdangarín, Diego Torres, y su mujer, Ana María Tejeiro, que se acogieron a su derecho a no declarar el 11 de febrero del 2012. Sí lo hizo Miguel Tejeiro, hermano de la mujer de Torres, que ejerció de contable en varias de las sociedades y fue secretario de Nóos. Tejeiro reconoció que el duque de Palma y su socio crearon una sociedad en Belice, asesorados por el abogado especializado en fiscalidad Salvador Trinxet, para pagar menos impuestos. Ese dato evidenciaba la complejidad del entramado societario de Instituto Noós.

Iñaki Urdangarín declaró durante dos días en febrero del 2012. En su testimonio se desvinculó de la gestión del Instituto Nóos y exculpó a la infanta Cristina. Durante su segundo día de declaración reconoció que en el 2006 el Rey Juan Carlos le había pedido, por mediación de su amigo y asesor legal José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao, que abandonase el Instituto Nóos. El fiscal destapó la existencia de una cuenta bancaria en Suiza que Urdangarin aceptó haber utilizado. La institución de la Corona parecía sentirse amenazada.

EMBARGOS

En enero del 2013, la Abogacía del Estado se personó como acusación particular en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). El 4 de noviembre del 2013, el juez José Castro embargó la mitad indivisa del lujoso palacete de Pedralbes propiedad de la infanta Cristina y su marido, y otras tres viviendas menores en Palma y Terrassa. El total de bienes embargados es de 16 propiedades. El 7 de enero del 2014, el juez Castro decidió imputar a la Infanta Cristina por blanqueo y delito fiscal. El 7 de noviembre del 2014, la Audiencia de Palma confirmó la imputación por delito fiscal, aunque no por blanqueo de capitales.

La investigación del Caso Nóos corre a cargo tanto del juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, como de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Judicial. La acusación la lleva el fiscal Pedro Horrach Arrom. Desde el 10 de febrero del 2012 el colectivo Manos Limpias actúa como acusación particular.

La infanta Cristina será juzgada por la Audiencia de Palma como presunta cooperadora en dos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, una vez que el juez instructor la ha incluido como acusada en el auto de apertura de juicio oral. En contra de los argumentos de la defensa de la infanta, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, Castro ha considerado que la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias está legitimada para llevar a juicio en solitario a la hermana del Rey, para la que reclama 8 años de prisión.

FIANZAS

El juez instructor reclama en su auto de apertura de juicio oral el pago de un total de 61,3 millones de euros en responsabilidades civiles a los 17 acusados de la causa, de los cuales 2,6 millones los exige a la infanta Cristina, a raíz de los perjuicios económicos derivados de la trama de desvío de fondos públicos y defraudación a Hacienda. Los inculpados disponen de 20 días para hacer frente a las fianzas --la Duquesa de Palma ya efectuó el ingreso de 587.000 euros, cantidad solicitada por la fiscalía--. En caso de no hacer efectivo el pago, el juez procederá a designar bienes de su patrimonio de cara a su embargo hasta cubrir las cantidades fijadas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la ley de enjuiciamiento criminal.