La jueza imputa al 'expresident' Pujol por la fortuna que ocultó en Andorra

La jueza de Barcelona Beatriz Balfagón considera que la ocultación por parte de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley de fondos en Andorra podría ser constitutiva de un delito de fraude a Hacienda y blanqueo de capitales, por lo que ha citado a declarar en calidad de imputados para el próximo 27 de enero al exmandatario catalán, así como a su esposa, Marta Ferrusola, y a tres de sus hijos, Marta, Mireia y Pere. La magistrada no ha tomado ninguna decisión sobre los otros hijos del fundador de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). El resto, con la excepción de Josep, ya están imputados en otras causas. La familia ha regularizado su situación ante la Agencia Tributaria pagando, al menos, 1,8 millones.

En el auto, la jueza no se explaya en argumentar los motivos que le han llevado a citar como imputados al expresidente de la Generalitat y a parte de su familia. En los razonamientos jurídicos sostiene que toma esa decisión a "fin de dar la oportunidad a los imputados para ser oídos respecto a los hechos y que puedan ejercitar plenamente su derecho a defensa" conforme a la legislación vigente. La resolución precisa que previamente se les informará de sus derechos como imputados. El matrimonio y sus tres hijos deberán comparecer en la Ciutat de la Justícia de Barcelona a partir de las 10 de la mañana del 27 de enero. El primero en ser interrogado será el 'expresident'.

LA CONFESIÓN

En la resolución en la que admite en parte las querellas presentadas por Manos Limpias (primero fue una denuncia), Plataforma per Catalunya, UPD, Guanyem Barcelona, ICV y el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, la jueza sí que se extiende en la explicación de los hechos que, a su entender, deben ser investigados. La magistrada recuerda que en su día se acordó incoar el proceso ante la denuncia de Manos Limpias, que se "limitaba a exponer un hecho público y notorio", como fue el reconocimiento de Pujol Soley ante los medios de comunicación, el pasado 25 de julio, de la "existencia de un dinero ubicado en el extranjero" procedente de la herencia de su padre, fallecido en 1980.

La instructora del caso subraya en esa resolución que Pujol no especificó entonces en qué "país o países" tenía los fondos, ni si el dinero estaba destinado, además de a su mujer, a "todos o algunos" de los hijos del matrimonio. También reprocha que el exmandatario confesó que los fondos fueron gestionados por una tercera persona durante la minoría de edad de sus hijos, pero sin concretar quién fue ese hombre de confianza. A su vez, destaca que la familia de Pujol no ha regularizado su situación ante Hacienda "hasta fecha reciente" e incide en que el mismo 'expresident' asumió "los hechos descritos y sus consecuencias".

Las diligencias practicadas hasta ahora, relata la jueza, han permitido conocer que Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Mireia y Pere procedieron con fondos ubicados en Andorra y a través de cuentas abiertas en España en el Banco de Madrid a "regularizar su situación fiscal" con Hacienda, haciéndolo en cantidades superiores a los 120.000 euros (monto mínimo para considerarse delito). Estos hechos, "por sí solos", según la magistrada, "resultan sospechosos de infracción penal" por cuanto "la ocultación de un patrimonio en el extranjero, aun sin conocer el importe, titularidad, origen o gestión del mismo", lleva a pensar en la "comisión de un delito contra la Hacienda Pública". Esta circunstancia, por tanto, "obliga" a comprobar si la regularización se realizó correctamente. Y añade que la actuación de la familia Pujol puede ser constitutiva, a su entender, de un delito de blanqueo de capitales "si no puede establecerse el origen de dichos fondos".

EL ORIGEN DEL DINERO

El auto judicial sostiene que, al hallarse "en los inicios de la investigación" sobre el patrimonio de la familia Pujol en el extranjero, no es posible, por el momento, realizar ninguna otra imputación. En su opinión, ahora no es posible sostener, como se hace en alguna de las querellas presentadas, que ese dinero tiene un origen delictivo y, más concretamente, que procede del cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras o servicios por parte de la Generalitat. La jueza alega que "no deja de resultar sospechoso" el hecho de que los fondos provengan de una herencia "de más de 30 años atrás" sobre la que no se aporta documentación.

La magistrada centra su investigación en Pujol y las cuatro personas que regularizaron su situación ante Hacienda (su mujer y tres hijos) con fondos de Andorra, aunque no cierra la puerta a que se amplíen las pesquisas si se descubren otros fondos de los que podrían haber dispuesto el resto de la familia.