Interior podrá pinchar teléfonos en casos graves y avisar después al juez

El Gobierno amplía su poder para interceptar comunicaciones hasta ahora limitada a terroristas

El Ejecutivo marca plazos a los jueces para instruir macroprocesos pero sin aumentar medios

Interior podrá pinchar teléfonos en casos graves y avisar después al juez

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G. ROBLES / J. RUIZ SIERRA / MADRID

Una vez que entre en vigor la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que, este viernes, salió de la Moncloa camino del Congreso, el ministro del Interior de turno, así como el secretario de Estado de Seguridad, tendrán potestad para ordenar la interceptación de teléfonos o cualquier tipo de comunicación telemática si se persigue un delito de «gravedad» e informar 24 horas después a un juez. Será entonces el togado quien tendrá que revocar o confirmar si esa actuación está justificada en el plazo máximo de 72 horas.

Hasta ahora, eso era posible solo en casos de persecución de delitos de terrorismo. A partir de ahora, el Gobierno amplía notablemente sus posibilidades en este campo. Según el texto del anteproyecto elaborado desde el Ministerio de Justicia, que dirige Rafael Catalá, el titular del Interior o su segundo en jerarquía tendrán ese poder «en caso de urgencia» y cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos cometidos en el seno de «organizaciones criminales, delitos de terrorismo, delitos contra menores» o personas «con capacidad modificada judicialmente y otros delitos que, en virtud de las circunstancias del caso, puedan ser considerados de especial gravedad».

En todo caso y según esta norma, tendría que haber «razones fundadas» que hagan «imprescindible» la intervención de las comunicaciones por parte del ministro o su secretario de Estado, quienes deberían comunicarlo en un plazo máximo de 24 horas «haciendo constar las razones que justificaron la adopción de la medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado». La polémica iniciativa será, a buen seguro, objeto de controversia en el trámite parlamentario.

CONTROLAR ORDENADORES

De hecho, ya ha provocado «tensiones» durante su elaboración entre los departamentos de Justicia e Interior, según admitieron ayer fuentes gubernamentales, destacando que han sido los técnicos los que finalmente han logrado desatascar la situación proponiendo un modelo de intervención de las comunicaciones que, según recalcan, está pensada para situaciones urgentes y siempre «justificadas». Según estas fuentes, Justicia ha impuesto, entre otras cosas, que haya un límite improrrogable de dos años para cualquier tipo de escuchas o intervención en comunicaciones.

En el nuevo texto -que pasa a fase de informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal- regula también la posibilidad de instalar cámaras y micrófonos en celdas de detenidos, lugares cerrados o domicilios particulares, eso sí, con una autorización judicial previa.

Será posible, asimismo, el control a distancia de ordenadores si lo permite un juez a partir de los conocidos como «troyanos buenos», y se tolerará la suplantación de la identidad por parte de funcionarios de policía judicial que estén investigando en canales de comunicación abiertos «a una pluralidad indeterminada de personas» para la detección y esclarecimiento de delitos que puedan ser cometidos por medios informáticos.

LÍMITES TEMPORALES

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La nueva norma, bastante menos ambiciosa que la que en su día puso sobre la mesa el dimitido Alberto Ruiz-Gallardón, establece plazos tasados para las instrucciones judiciales, que en los procesos ligados a la corrupción, como Gürtel Bankia, suelen alargarse durante varios años. Esta fase no se podrá demorar más de seis meses, salvo en las investigaciones complejas, donde el periodo máximo podrá ser de 18 meses prorrogables por otros tantos. Se considerará que un juez trabaja en una instrucción de este tipo cuando recaiga sobre «organizaciones criminales», tenga por objeto «numerosos hechos punibles», involucre a «gran cantidad de víctimas», se trate de terrorismo, deba examinar «abundante documentación o complicados análisis», o bien tenga que desplazarse al extranjero o «revisar la gestión» de personas jurídicas.

Tanto Jueces para la Democracia como la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales criticaron que esta limitación no viniera acompañada de más medios materiales y personales.