Constitución, ¿abrimos el candado?

El mundo académico urge a los políticos a encontrar la llave del consenso para reformar la Carta Magna y alertan del riesgo de no adaptarla al siglo XXI

27-12-1978 Juan Carlos sancionala Carta Magna en el Congreso.

27-12-1978 Juan Carlos sancionala Carta Magna en el Congreso. / EFE

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IOLANDA MÁRMOL / MADRID

"En la Constitución se habla de una España que ya no existe". La reflexión es de uno de los catedráticos en Derecho Constitucional que, hastiados de ver muecas de desdén y carcajadas irónicas en sus alumnos cuando explican la Carta Magna, hace año y medio decidieron ponerse el mundo por montera para demostrar que el consenso para la reforma es posible y que el verdadero riesgo no reside en abrirla, sino en dejarla pudrir. Pablo Santolaya y otros 20 constitucionalistas españoles de ideología y sensibilidades dispares han estudiado cómo adaptar una ley fundamental anquilosada al siglo XXI y han logrado consensuar un texto que presentarán el próximo miércoles en Madrid, en el que recogen una propuesta firme que constituye, de facto, un órdago a los partidos políticos para que se arremanguen y se sienten a negociar una modificación que consideran inaplazable.

"La Constitución no da más de sí. Y si no la reforman, van a provocar que no sirva para nada", advierte Santolaya. Los catedráticos consideran que la única responsabilidad es política, porque técnicamente se pueden encontrar las soluciones adecuadas. "Da la sensación de que los partidos tienen miedo y esa es la única excusa", opina Ignacio García Vitoria, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. "El problema real es que hay poco tiempo hasta final de legislatura, pero mucha gente ha estado trabajando desde el mundo académico y están preparados para dar soluciones", confirma Rafa Rubio, doctor en Derecho Constitucional.

Hasta ahora, los vagos intentos para actualizarla han sido en vano. José Luis Rodríguez Zapatero llevó esa propuesta en su primer programa electoral, pero la falta de acuerdo con el PP y la llegada de la crisis la dejó durmiendo en un cajón hasta el pasado jueves, cuando el nuevo secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, registró en el Congreso su petición para abordar la reforma en las Cortes. Si el PP no inicia un viraje, las posibilidades de cambio en esta legislatura serán nulas, y es una incógnita saber qué sucedería tras las próximas elecciones legislativas en el Parlamento fragmentado que dibujan las encuestas.

"La clave es empezar y el camino se irá haciendo. En 1977 se lograron poner de acuerdo los padres de la Constitución y seguro que Fraga, que venía del franquismo, y Solé Tura, que venía de la prisión, estaban más alejados de lo que lo están los líderes de hoy", reflexiona el catedrático de Derecho Constitucional que presidió el Consell de Garanties Estatutàries, Eliseo Aja.

AGRAVADO O TROCEADO

La clave de bóveda es que los partidos acuerden qué procedimiento utilizar para la reforma, porque esa elección implica, de hecho, la elección de las materias sujeto de adaptación. En esta disyuntiva, los constitucionalistas proponen dos opciones. O bien activar un procedimiento agravado que permitiría una reforma sin límites, pero implica la disolución de las Cortes, un referéndum y una votación en el nuevo Parlamento; o bien "trocearla" en modificaciones parciales, a través de una subcomisión constitucional en el Congreso donde se fueran materializando los acuerdos a los que fuesen llegando los grupos.

"No queremos poner patas arriba el Estado de derecho, no hace falta ser radicales, ni empezar de cero, pero la reforma es inaplazable", afirma Santolaya. Para Rubio, la mejor solución es una revisión a fondo a través del procedimiento agravado. "Ningún texto jurídico aguanta 40 años con chapa y pintura. Es necesaria la reforma con diálogo de los partidos, participación de la sociedad y ver qué pueden conseguir en 8 o 10 meses, antes de fin de legislatura", opina Rubio, que exige que la reforma se afronte de forma "tremendamente pragmática sin encallar en conflictos simbólicos".

ENCAJE TERRITORIAL

La reforma del Estado autonómico, la regulación de partidos y el sistema electoral son las materias más urgentes. Los constitucionalistas piden que se clarifiquen las competencias entre Estado y comunidades para evitar la conflictividad que actualmente deriva en impugnaciones que se acumulan en el Tribunal Constitucional, otro organismo cuyo sistema de elección recomiendan revisar. La lengua, a su juicio, debe ser competencia exclusiva de las autonomías.

El análisis de los expertos recomienda que la primera reforma sea la de la Cámara alta, para que recoja la voz de las comunidades y no la de las siglas. "El problema es que el Senado es la caja de resonancia de los partidos, no existe criterio territorial", considera Rubio.

Sobre la cuestión identitaria, proponen una reforma integradora. "Se debería aceptar la definición de Catalunya como nación, porque no es un concepto jurídico, sino político, que tiene un aspecto sentimental de identificación, y no habría ningún problema si la Constitución hiciera un guiño", reflexiona García Vitoria. Para Aja, el concepto «soberanía única» no tiene sentido y se debe aceptar que en España existen "diferentes naciones sin que esto comporte una división del Estado".

MÁS REPRESENTACIÓN

Señalan los expertos que debe mejorarse el sistema de representación, a través de cambios en la ley electoral y en la organización de los partidos. Su propuesta está inspirada en el modelo alemán, donde parte de los diputados son elegidos proporcionalmente a través de las urnas, y también permite la elección por distritos, lo que conlleva un acercamiento de los ciudadanos a sus representantes.

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Para la apertura de las fuerzas políticas a la sociedad, los especialistas proponen cambios en la ley de partidos que incluyan una fórmula más democrática de elección de los candidatos, la celebración de congresos de forma periódica, y, en definitiva, procesos que estimulen que las decisiones se tomen «desde abajo» y no desde las cúpulas.

Respecto a la Corona, admiten que la modificación del acceso al trono para eliminar la discriminación de la mujer supone un elemento simbólico y, aunque no conlleva urgencia, apuestan por modificarla para adaptar la vieja Constitución a los nuevos valores de una sociedad que cuando lee la Carta Magna tiene la sensación de haberse colado en un episodio de 'Cuéntame'