La familia real no aceptará regalos caros ni favores

El rey Juan Carlos acudió en noviembre del 2011 al Gran Premio de Fórmula 1 que se celebró en Abú Dabi y fue obsequiado con dos Ferrari por el jeque Mohamed bin Rashid al Maktoum, primer ministro de Emiratos Árabes Unidos. El Monarca los cedió a Patrimonio Nacional. Sin embargo, una escena así no se volverá a repetir. A partir del 1 de enero, Felipe VI ni siquiera los aceptará.

Un portavoz informó este jueves de que el actual jefe del Estado ha decidido regular el régimen de regalos que recibe la familia real (compuesta por él mismo, su esposa, sus hijas, y Juan Carlos y Sofía). Todos ellos tendrán prohibido aceptar obsequios institucionales o personales que comprometan "la dignidad" de la jefatura del Estado y tampoco "favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo" de las funciones de sus miembros. Por ejemplo, volar gratis en algunas compañías.

"A partir de enero, no se podrá aceptar ningún servicio gratis para no contraer ninguna deuda moral con nadie", añadió el portavoz.

PUBLICIDAD DE LOS OBSEQUIOS

La Zarzuela ha distinguido entre regalos institucionales, los que reciban con motivo de un acto oficial o los que les ofrezca cualquier administración, y los personales. En el primer caso, si el objeto se acepta porque está dentro de "los usos habituales, sociales o de cortesía" (según marca el artículo 26.2 de la ley de transparencia que entra en vigor el día 10 y que afecta a la Casa del Rey), la Zarzuela se lo entregará a Patrimonio Nacional. La Jefatura del Estado se compromete a publicitar esos objetos cada año. No se informará, en cambio, de los regalos personales que se acepten.

Los miembros de la familia real no podrán beneficiarse de "préstamos sin interés o con interés inferior al del mercado, ni regalos de dinero". En este último caso, devolverá el dinero o lo donará a una entidad sin ánimo de lucro. Actuará del mismo modo si recibe algún premio que suponga una dotación económica.

Felipe VI, que en su discurso de proclamación dejó claro de que es consciente del daño que el 'caso Nóos' ha hecho a la institución, también ha querido redactar un código de conducta para todos los empleados de la Jefatura del Estado. Estarán obligados a mantener "un comportamiento ejemplar que contribuya" a que los ciudadanos sientan respeto y confíen en la institución. También les ha pedido que se abstengan de participar en negocios financieros o jurídicos que supongan un conflicto de intereses con sus obligaciones.