Tirón de orejas de los jueces

Más recursos, penas más duras, reducción de privilegios, tipificación de nuevos delitos y ampliación para los que parecen estar instalados en el sistema español; la malversación, el tráfico de influencias, la prevaricación. Los jueces decanos españoles quieren que los magistrados que lleven casos de corrupción puedan dedicarse a ellos «en exclusiva, las 24 horas del día». Por eso, la 24ª Reunión Nacional de Jueces Decanos de España aprobó ayer 57 medidas para la lucha anticorrupción que da un fuerte tirón de orejas a los políticos sobre este asunto. «La democracia española se encuentra hoy en una situación muy delicada», considera este colectivo judicial que representa a casi 2.000 magistrados. Y en especial, dentro de un «indiscutible contexto de desconfianza, de alarma sobre el funcionamiento de las instituciones», la justicia española se encuentra en «un momento clave en el que está en juego» su prestigio.

Ante este diagnóstico, los magistrados pidieron ayer a «los poderes del Estado», sobre todo, más medios. Así, pusieron el acento en el incremento del número de jueces «hasta alcanzar la media europea de 21 por 100.000 habitantes». En España hay 11 -con 5.300 jueces en activo- y según estos cálculos debería haber 9.660. También pidieron más dinero, como mínimo para que la partida de justicia llegue al 3% de los Presupuestos Generales del Estado.

Aunque el documento contiene también propuestas de aquellas que se escuchan a menudo de boca de políticos de uno y otro bando y suelen quedar en meras declaraciones. Los jueces quieren respuestas efectivas e inmediatas porque, dicen, «tristemente disponemos de un sistema judicial dependiente en lo económico» de dichos poderes, «deficiente en cuanto a medios y obsoleto en cuanto a sus leyes» que determina «una desesperante lentitud de las causas». Metidos en harina, los jueces solicitan  una reforma del Código Penal que incluya  la ampliación del plazo de prescripción de los delitos de corrupción y la agravación de las penas para estos, además de la introducción del delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos y del de financiación ilegal de partidos. También piden la reducción de la cuota defraudada en delitos contra la hacienda pública (hoy son 120.000 euros) y la agravación de las penas para quienes «indirectamente amparen, oculten o faciliten la corrupción», como en la «omisión del deber de denunciar».

Menos aforados

Los jueces reclaman igualmente la supresión y limitación de aforamientos, así como eliminar el «privilegio» a ciertas autoridades de realizar declaraciones por escrito sin comparecer ante el juez y restringir los indultos para que solo se concedan los que tengan informe favorable del tribunal. El sistema de selección y nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo del Poder Judicial e incluso del Tribunal Constitucional, que son «excesivamente dependientes de los partidos políticos», debería también modificarse, según los magistrados.

«El poder judicial será lo eficiente que quiera que sea el poder ejecutivo y legislativo», zanjó el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, durante la presentación del documento junto a sus 45 colegas.