La fiscalía presenta la querella contra Mas

La fiscalía ha presentado este viernes a las 12. 20 horas ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la querella contra el 'president' Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la 'consellera' de Ensenyament, Irene Rigau, por la supuesta comisión de los delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones en el proceso participativo del 9-N. En la demanda, presentada en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya por el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, se pide que el juez cite como imputados a los querellados y que reclame todo el expediente de este proceso.

La querella, de 30 folios, explica que el 9-N se celebró una consulta "planificada, auspiciada y financiada" por la Generalitat en la que se preguntó si esta comunidad autónoma era un Estado y si se debía declarar independiente. La convocatoria fue "articulada" a través de una página web.

Estas actuaciones, según el escrito del ministerio público, se llevaron a cabo a pesar de la suspensión dictada contra las mismas por el Tribunal Constitucional (TC) el pasado 4 de noviembre."Una suspensión que no dejaba margen de duda". A pesar de ello, el Govern celebró la consulta "por otros medios del designio original". Y es que la fiscalía acusa a la Generalitat de adoptar "una nueva estrategia" para impulsar "el mismo proceso mediante actos jurídicos no formalizados y actos materiales de impulso".

CAMUFLADA RETÓRICA

Asimismo, los fiscales sostienen que "el Gobierno autonómico oficializó la asunción del desarrollo del proceso consultivo" y que esta actividad supuso "la completa ineficacia de los mandatos de suspensión" dictados por el Constitucional. Y, por tanto, los actos realizados por el Govern respondieron "a una voluntad única y definida de llevar adelante el proceso refrendario".

Por ello, les imputa un delito de desobediencia grave porque "los sucesivos cambios en el formato jurídico" de la consulta no eran sino "una camuflada retórica al servicio del incumplimiento". Y afirma que Mas y las otras dos querelladas "en abierta y franca oposición" al decreto de suspensión del TC llevaron "hasta el final el acto suspendido".

La fiscalía también entiende que esta actuación es constitutiva de un delito de usurpación de funciones públicas porque lo que se ha puesto en juego "es la vigencia de las decisiones del TC en el territorio de Catalunya". También de una prevaricación administrativa continuada porque "las múltiples decisiones adoptadas no pueden ser reputadas como actos políticos". Y de malversación de caudales públicos porque desde el Govern "se ordenaron actos que generaron gastos al erario público". En la querella se plantea que en el 9-N se gastaron, al menos, nueve millones de euros, destinados a la campaña de publicidad institucional, según diversos medios de comunicación.

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La querella se presenta después de las diferencias mantenidas entre el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y la Fiscalía Superior de Catalunya. Esta última rechazó por unanimidad en una reunión de todos sus miembros la presentación de acciones legales contra el 'president' por no apreciar que no había argumentos jurídicos que avalasen el delito de desobediencia, pues el Tribunal Constitucional no realizó ningún mandamiento expreso a ninguna persona concreta.

En cambio, la junta de fiscales de sala, la cúpula del ministerio público, acordó este miércoles presentar la querella por los delitos de desobediencia, usurpación de funciones públicas, prevaricación y malversación de caudales públicos por el 9-N.