DESOBEDIENCIA
Una acusación basada en palabras
Por qué confiar en El Periódico La Fiscalía General del Estado arguye que «los sucesivos cambios en el formato jurídico de la consulta para tratar de eludir la clara, expresa y terminante suspensión de la misma no son sino una camuflada retórica al servicio del incumplimiento». Se apoya, sobre todo, en que la «manifiesta negativa» de los querellados a cumplir la suspensión del Tribunal Constitucional. Y como «prueba», esgrime el hecho de que la votación se realizase finalmente, así como unas declaraciones del president en las que, dirigiéndose a la fiscalía, se hacía «responsable» junto con su Govern de «abrir los colegios» el 9-N.
Por el contrario, la fiscalía catalana cuestiona la existencia de una «orden» entendida como un «mandato expreso, concreto y terminante de hacer o no una conducta específica», así como la existencia de un «destinatario» de este mandato. Es en este punto cuando los fiscales catalanes recriminan al Tribunal Constitucional que no dirigiese su requerimiento a una persona concreta, una omisión que creen voluntaria.
El artículo 410 del Código Penal castiga este delito con multa e inhabilitación.
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