La jueza Alaya impulsa una macrooperación contra la corrupción en 13 provincias

La jueza Mercedes Alaya ha desatado este martes por la mañana una macrooperación policial contra la corrupción en 13 provincias de siete autonomías. La Guardia Civil ha detenido de momento a una treintena de personas y ha realizado una decena de registros en organismos municipales, provinciales e incluso regionales dentro de la operación Enredadera, que ha permitido desmantelar una "organización criminal" supuestamente dedicada a amañar contratos públicos de mantenimiento de parques y jardines.

Fuentes policiales explicaron que la operación se desarrolla en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria. El centro de la trama son dos empresas de servicios ambientales, Fitonovo y Fitoverde, que habrían logrado infiltrarse en numerosos organismos de distintas Administraciones Públicas con la ayuda de funcionarios y responsables públicos mediante el pago de comisiones para obtener contratos públicos con la adjudicación de servicios relacionados con la jardineria.

A los detenidos se les acusa de delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal. Entre los detenidos en el día de hoy se encuentran el responsable del área de Cohesión Territorial de la Diputación de Sevilla; dos técnicos de Fomento y uno de la Dirección General de Carreteras de la Junta de Andalucía en Huelva; un funcionario de la consejería de Fomento en Badajoz, un portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote y tres personas vinculadas a las empresas implicadas en Madrid y Gran Canaria.

 Se trata de una extensión de la operación Madeja, realizada por la jueza Alaya el pasado año y que se saldó con la detención de 13 personas, entre ellos un asesor de la alcaldía de Sevilla durante la etapa de la coalición PSOE-IU.

DOS EMPRESAS

El caso parte, como ya ocurriera con todos los que instruye Alaya, de la investigación de las supuestas irregularidades en la lonja hispalense Mercasevilla y la venta irregular de un terreno. Las averiguaciones de los agentes llevaron hasta dos empresas, Fitonovo y Fiverde, que habrían aumentado de forma espectacular su facturación durante la época de Domingo Enrique Castaño al frente del área de Vía Pública y desde el año 2003.

En uno de los registros a estas empresas se incautó incluso una contabilidad b con los pagos y regalos entregados a cambio de los contratos. También llamó la atención el enriquecimiento injustificado de Castaño durante su etapa al frente de cargos públicos.

POSIBLE FINANCIACIÓN ILEGAL

La investigación podría tener también ramificaciones de financiación ilegal de los partidos. Uno de los empresarios admitió tras su detención que había entregado a Castaño un sobre con 30.000 euros que, según le dijeron, era "para el PSOE". En una segunda fase de la operación, en diciembre, salpicó al responsable de Parques y Jardines del equipo de gobierno municipal del PP, Joaquín Peña, que fue cesado de forma fulminante por el actual alcalde, Juan Ignacio Zoido.