Mas llega hasta las puertas del 9-N sin despejar las dudas

A 48 horas de que el millar largo de puntos de participación, o votación, abran sus puertas, sean estas literales o metafóricas, una lluvia de dudas arrecia sobre el 9-N. De lo que se pactó en diciembre del 2013 entre las fuerzas proconsulta, solo el entusiasmo popular parece mantenerse incólume. El resto se ha ido transformando en no se sabe bien qué. Y de entre todas las dudas, una emerge por encima del resto: ¿Quién organiza el proceso participativo? El Tribunal Supremo rechazó ayer por unanimidad la última intentona de la Generalitat para tratar de que los tribunales le permitieran celebrar la consulta alternativa. Así las cosas, incluso el más acérrimo simpatizante progubernamental puede afirmar que el Ejecutivo catalán está inmerso en el desacato. Aún leve (una campaña televisiva, una web), pero que abre la puerta a cotas mayores.

Como avanzó ayer este diario, la Moncloa tiene las esperanzas puestas en que el president, Artur Mas, deje el proceso participativo en manos de las entidades civiles. Algo que en CDC no ven con malos ojos. Así, la portavoz, Mercè Conesa, señaló en una entrevista al diario Ara que «no habría diferencia» entre un 9-N cuyas riendas fueran llevadas por el Ejecutivo de Mas y uno que «pivotara» sobre las entidades cívicas.

El Tribunal Supremo se negó a suspender, como pretendía la Generalitat, el acuerdo del Consejo de Ministros que autorizó la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el 9-N, informa Margarita Batallas. Los magistrados explicaron que el acuerdo del Consejo de Ministros «no es un acto susceptible de recurso contencioso-administrativo, ni ordinario, ni especial». Asimismo, aclararon que corresponde al TC «en exclusiva» resolver la legalidad o no de la consulta del domingo. Y subraya que las decisiones del Constitucional «no pueden ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado».

PISTA DE ATERRIZAJE / Cerrada la vía legal que mantenía en vilo la posibilidad de un 9-N organizado por el Govern, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, pintó ayer sin disimulos cuál es la pista de aterrizaje por la que, en opinión del Estado, debería transitar Mas. Admitió el ministro que el Gobierno se quedará de brazos cruzados si son las entidades cívicas, y no los gobernantes, quienes pilotan la celebración de la consulta. «Si la Generalitat no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, no parece que sea necesario requerir ante el Constitucional ni a los jueces y tribunales para actuar, porque no hay infracción del ordenamiento jurídico», señaló, informa Patricia Martín.

Convergència dio ayer dos mensajes que, a simple vista, pueden parecer contrarios, pero que, pasando la lupa, se observa que no lo son tanto. El número dos de CDC, Josep Rull, afirmó, categórico, que el 9-N «lo organiza el Govern pero sobre todo es la consulta del pueblo, que la ha hecho suya». Conesa abrió la puerta a que fueran las entidades del Pacte Nacional pel Dret a Decidir quienes llevaran el peso organizativo el domingo.  ¿Dónde está el truco? En decir que el 9-N ya está organizado y lo ha hecho el Govern. Que todo está a punto y que el proceso participativo es, como apuntó también Conesa, «autoejecutable». Eso serviría para evitar consecuencias legales.

En tanto, Joan Herrera, colíder de ICV, afirmó ayer en Parets del Vallès, que el Govern no le había dado ningun indicio que le diera a pensar que hoy, en la cumbre del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Mas ceda la organización a las entidades del pacto, según informa Albert Segura.

PRESIÓN A LA GENERALITAT / ¿Y si Mas decidiera no usar la pista de aterrizaje que le puso ayer Catalá? La delegada del Gobierno en Catalunya, Llanos de Luna, remitió ayer sendas cartas a la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y a la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, en la que les recuerda la «importancia» de no incumplir la decisión del TC. Llanos de Luna también envió cartas en el mismo sentido a todos los alcaldes, secretarios e interventores municipales y a los presidentes de las diputaciones y de los consejos comarcales. Y también a los directores de 3.700 centros docentes públicos, a los que  recordó que determinadas actuaciones «podrían contravenir la resolución del TC, como permitir la utilización del centro para actos vinculados a la celebración de la consulta suspendida». La respuesta de la Generalitat puede ser bastante indicativa: recordó «una vez más» que su posición «ha estado siempre comprometida con el cumplimiento del principio de legalidad».