Granados y su red hicieron de la corrupción un «modus vivendi»

El juez Eloy Velasco sostiene que Francisco Granados, exnúmero dos del PP en Madrid, y los integrantes de su red hicieron de la corrupción su «modus vivendi». También afirma que este tipo de organizaciones se suelen dotar de medios económicos «para facilitar la huida de sus componentes». Así consta en los autos de encarcelamiento dictados contra 29 de los 51 imputados, cinco de ellos, en prisión incondicional.

Velasco, que hoy interrogará a Granados al ser rechazado un hábeas corpus en el que el imputado exigía su libertad inmediata por entender que había pasado el plazo de 72 horas de detención, explica que esa trama de corrupción era «una red clientelar» que usaba sus contactos políticos para obtener contratos públicos a cambio de comisiones. Y que recurría a todos los medios para intentar ocultar sus negocios: facturas falsas, falsificación de informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se realizaron, adjudicación de trabajos sin contrato.

En la trama, apunta el juez, colaboraban «determinadas personas» que disponían «de una amplia red de contactos» y todas tenían el mismo propósito: el enriquecimiento personal. Y es que algunos de los contratos que lograron alcanzaron los 100 millones de euros gracias a que «las autoridades municipales se plegaron» a los intereses de los detenidos.

REDES PARALELAS / El juez cuenta en su investigación con la información facilitada por Suiza el pasado 24 de diciembre sobre las cuentas del matrimonio Granados y del «conseguidor» Daniel Marjaliza y su esposa en las que detectaron que sus fondos procedían «de conductas delictivas vinculadas a la promoción urbanística y a la contratación administrativa». Además, la trama gestó un sistema de blanqueo que usó la exportación para repatriar el dinero a España desde Suiza.

Ayer, el juez mandó a la cárcel a otros tres detenidos, decretó prisión eludible bajo fianza a ocho más y dejó en libertad a otro. Entre los encarcelados destaca el presidente de la Diputación de León, Martín Marcos Martínez, quien puso en marcha contratos en la estación de esquí San Isidro que solo concedió a empresas vinculadas al «conseguidor» Alejandro de Pedro -que también fue a prisión- a cambio de que este usara sus contactos políticos en el PP para seguir en este cargo. Asimismo, participó en los beneficios de estas corruptelas a través de algunas empresas.

EL LÍMITE DE LAS 72 HORAS / Por su parte, De Pedro se erigió como «cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo» al montado por Marjaliza. Y creó su red de contactos con autoridades públicas gracias a los servicios de reputación que prestaba en internet para políticos. Esos contratos los cobró por procedimientos irregulares. Otros de los encarcelados fue el alcalde de Valdemoro, José Boza.

El juzgado de guardia de Majadahonda rechazó anoche el hábeas corpus presentado por la mujer de Granados en el que pedía su libertad inmediata. La jueza adujo en su negativa que el plazo legal de 72 horas no comenzaba con la detención policial (la mañana del día 27), sino con la detención judicial adoptada por el instructor (el día 29). La esposa de Marjaliza presentó otro hábeas corpus para su marido que debía ver el juez de guardia de Colmenar Viejo.