El juez manda a la cárcel al presidente de la Diputación de León

El juez Eloy Velasco ha ordenado este jueves el ingreso en prisión del presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y del empresario Alejandro de Pedro. Asimismo, ha decretado prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros para el empresario José Luis Huerta. El magistrado ha interrogado ya a 15 de los 51 imputados en esta macrorred de corrupción.

Las declaraciones prosiguen esta tarde. Aún quedan por comparecer otras 14 personas, entre ellas el exnúmero dos del PP Francisco Granados y su amigo de la infancia, David Marjaliza. En la noche del pasado miércoles el juez ordenó el ingreso en prisión del alcalde de Parla, el socialista José María Fraile, de su asesor, Antonio Borrego, del alcalde de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas y del testaferro de Marjaliza, Antonio Cándido Ruiz, hasta que abonaran sendas fianzas de 60.000 y 25.000 euros. En la jornada de este jueves solo Borrego permanece en la cárcel, ya que los otros tres han depositado el dinero para salir de prisión.

El juez sostiene que los detenidos en esta operación forman parte de una "trama organizada de tráfico de influencias" apoyada por un entramado empresarial que hace uso de su capacidad para conseguir contratos públicos a cambio de una comisión.

Esta red contaba con cuentas en Suiza como las localizadas al matrimonio Granados y Maljeriza y con apoyos externos que también tenían buenos contactos en la política. Y cerraron "el círculo de la operativa de blanqueo" al retornar el dinero que tenían en Suiza a España "bajo la apariencia de operaciones de exportación".

En esta trama, según el juez, los roles estaban establecidos. Y explica , por ejemplo, que el presidente de la diputación de León favoreció contratos de la estación de esquí de San Isidro a empresas vinculadas a esta trama a cambio de que estos, gracias a sus contactos políticos en el PP, le ayudaran a continuar en este cargo al que llegó hace cinco meses tras el asesinato de su antecesora, Isabel Carrasco.

Al empresario Alejandro de Pedro Llorca le acusa de lograr cobros irregulares por los servicios que prestó de reputación en internet a autoridades políticas. Además, este trabajo le permitió crear una red de contactos con autoridades públicas que le facilitaron contratos en Murcia, León y Madrid.

José Luis Huerta, administrador de Waiter Music está vinculado con esta red por sus relaciones con Granados. Este imputado logró numerosos contratos públicos en municipios de Madrid y en empresas públicas dependientes de la Comunidad "donde Granados ocupó cargos de relevancia". Y es que su principal cliente desde el 2004 hasta el 2013 fue el Ayuntamiento de Valdemoro donde el exnúmero dos del PP inició su carrera política.

El juez imputa a los integrantes de esta red los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios.