Del domicilio a la 'nube'

El fiscal anticorrupción de Barcelona Fernando Bermejo no quiso que el registro en casa de Oleguer Pujol Ferrusola, de 42 años, empezara antes de que los dos hijos pequeños del imputado abandonaran el domicilio para ir al colegio, acompañados de la asistenta que trabaja con la familia. Con los menores fuera de la casa de tres pisos de la calle de Teodor Rovira, una veintena de policías accedieron a la vivienda mientras el inspector jefe de uno de los grupos de la UDEF central de la comisaría general de la Policía Judicial leía los derechos a Oleguer Pujol en presencia de la esposa de este.

El registro se desarrolló con absoluta normalidad. Los investigadores se centraron en la parte superior de la espaciosa vivienda unifamiliar, una especie de buhardilla que Oleguer Pujol utilizaba a modo de despacho. Allí es donde los investigadores se incautaron de documentación, ordenadores, algún disco duro y memorias de ordenador.

Aunque lo más importante estaba en las oficinas de Madrid y en el domicilio del socio de Oleguer Pujol, Luis Iglesias. Ambos utilizaron los servicios de una empresa informática que supuestamente colocó en una nube virtual la información más comprometida de los dos socios. Unos datos que cualquiera de los dos podría haber destruido desde su teléfono móvil apretendo un par de teclas. Por eso tanto Pujol como Iglesias fueron detenidos durante los registros, sin orden del juez Santiago Pedraz pero con autorización de la fiscalía anticorrupción, para evitar la destrucción de cualquier información relevante.

MÓVIL REQUISADO

A las siete y media de la mañana, cuando Oriol Pujol Ferrusola abrió la puerta al fiscal anticorrupción, al secretario judicial de la Audiencia Nacional y a los cuatro primeros policias, el propio inspector jefe responsable de las pesquisas le tuvo que intervenir el teléfono móvil y recordarle que no lo podía utilizar. Estaba detenido. Fue el fiscal anticorruppión el que mandó llamar al abogado del detenido, Cristóbal Martell, a pesar de que la causa está secreta.

Durante el registro, y tras varias quejas consecutivas del letrado de Oleguer Pujol, el fiscal anticorrupción le recordó: «Está usted aquí porque hemos querido llamarle...».

Tras los registros, de casi ocho horas, los dos detenidos quedaron en libertad con los cargos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Pero antes fueron trasladados al complejo policial de la Verneda, donde se negaron a declarar ante los investigadores de la policía. El letrado Cristóbal Martell ya había avisado de que su cliente solo declararía ante el juez Santiago Pedraz, cuando este le cite en la Audiencia Nacional.

No hace ni dos días que Pedraz recibió la querella del fiscal anticorrupción José Grinda, junto a un informe de más de un centenar de páginas elaborado por la UDEF central, con aportaciones de la unidad de policía nacional adscrita a la fiscalía anticorrupción. Grinda estuvo el miércoles en Barcelona ultimando con el fiscal Bermejo los detalles de la operación de ayer. Se trataba de «pillar» a Oleguer y, muy especialmente, a Luis Iglesias despresvenidos y sin margen para intentar destruir la documentación comprometida que los investigadores sospechaban que los dos imputdos guardan en esa nube virtual de acceso restrigido.

Tanto Bermejo como Grinda quisieron ser especialmente «escrupulosos» y el martes ya alertaron a Martell de que la nueva querella había llegado a la Audiencia.