El Govern se plantea cambiar el 9-N por otra vía de participación

la concreción de un sucedáneo de consulta toma cuerpo y crece de forma directamente proporcional al proceso de desactivación de la convocatoria propiamente dicha. Y eso mientras Convergència reitera una y otra vez con solemnidad que los catalanes votarán el 9-N exactamente como se diseñó.

Frente a este voluntarismo, y en medio de una crisis de desconfianza en el bloque de partidos proconsulta, se van conociendo algunos detalles de cómo sería este llamamiento a participar el día 9 de noviembre pero de otra manera. Se basaría en el título tercero de la ley de consultas, no impugnada por el Gobierno del PP ante el Tribunal Constitucional. Y a partir de ahí, consistiría en desarrollar los «procesos de participación ciudadana». Los artículos no suspendidos por el Constitucional dejan abiertas muchas puertas para «garantizar el debate y la deliberación entre la ciudadanía y las instituciones públicas» con el objetivo de recoger la opinión de los ciudadanos respecto a una actuación de los poderes públicos.

¿Cómo se concretará? La propia ley fija varias opciones: la iniciativa institucional, que pueden iniciar el Govern, los ayuntamientos y otras instituciones; y la iniciativa ciudadana, mediante la recogida de firmas. Este procedimiento reclama varias fases: información, aportación de propuestas, deliberación y valoración de las propuestas. Y, finalmente, evaluación y rendimiento de cuentas. Pero el proceso requiere, según la ley, que haya como mínimo 30 días de aportación de propuestas. Lo cual dejaría sin margen de actuación para llevarlo a cabo el 9-N. Con todo, siempre hay puertas de atrás. La ley prevé «otras modalidades análogas existentes o que se puedan crear».

Fuentes del bloque proconsulta afirman que el Govern ha garantizado que este plan sustitutivo podría llevarse a cabo en 15 días. Lo cual subraya la importancia de la próxima semana para tomar las decisiones definitivas en uno u otro sentido.

SORAYA, ICETA Y LA LEY / El pequeño gran problema, según reconocen incluso en el frente de partidos del 9-N, es que el Gobierno no tardaría ni un minuto en llevar este plan también ante el Constitucional, como demostró tras la firma del decreto de convocatoria de la consulta soberanista. Sin ir más lejos, ayer mismo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó que el Consejo de Estado «dejó claro que si se utilizaba [el título tercero de la ley de consultas] para finalidades no previstas en la ley se abría también la vía para la impugnación», informa Pilar Santos.

La vicepresidenta del Gobierno añadió que la Generalitat ha de ser «consciente desde el primer momento de que su actuación es contraria a la Constitución y a las resoluciones de los tribunales».

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, usó el canal de vídeos Youtube para reclamar a los cargos electos de su partido que no realicen ninguna acción contraria al Estado de derecho.

En el ámbito de las acciones de protesta, cabe la posibilidad de que el Parlament y los ayuntamientos catalanes dediquen el 9 de noviembre a aprobar mociones en favor de la consulta, según Efe. El president Mas, en un acto institucional, llamó de nuevo a la unidad como guía de actuación. «Cuando vamos juntos y de la mano las cosas salen mejor y quiere decir que pensamos en la gente», afirmó.