Los alcaldes temen que el Govern deje de reconocer lo que adeuda

Parlon advierte contra el «efecto perverso» del plan del Ejecutivo de Rajoy

Marín subraya que la Generalitat ya elude ahora partidas que le corresponden

Niños jugando en el patio de la guardería municipal El Gat Negre, en el barrio de El Coll, en Barcelona.

Niños jugando en el patio de la guardería municipal El Gat Negre, en el barrio de El Coll, en Barcelona. / DANNY CAMINAL

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CARLES COLS / TONI SUST
BARCELONA

Con una mezcla de alivio y temor por el futuro. Así asisten los ayuntamientos catalanes a la noticia de que el Gobierno central está dispuesto a adelantarles lo que les deben las comunidades autónomas en concepto de servicios sociales. La solución de un FLA, un fondo de liquidez autonómica pero centrado en lo social -educación, sanidad y servicios sociales-, persigue dotar al mundo local de mayor liquidez. Después, la cantidad entregada se reclamará a la comunidad autónoma.

«Lo que pretende el Gobierno tendrá un efecto perverso», dice la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), Núria Parlon, que teme que sean los ayuntamientos quienes paguen los platos rotos, porque, afirma, lo que sucederá es que la Generalitat dejará de reconocer su deuda, con lo que el Gobierno central no se la podrá reclamar. Y aquí viene el problema: un ayuntamiento que haya hecho su presupuesto anual esperando un determinado ingreso autonómico se verá obligado a asumir facturas que no debería afrontar y verá así sus arcas empobrecidas.

La alcaldesa de L'Hospitalet (Barcelonès), Núria Marín, precisa que ya ahora la Generalitat está dejando de reconocer deuda. Y que sin duda puede ir a peor. No ve mal el pago del Gobierno central. La Generalitat debe a L'Hospitalet 17 millones de euros, de los que reconoce 12, siete de ellos vinculados con los servicios sociales. También Parlon sufre ya este fenómeno: a Santa Coloma el Govern le debe 15 millones de euros, de los que ya no reconoce tres. L'Hospitalet, Cornellà y Santa Coloma amenazaron hace unas semanas con llevar a la Generalitat a los tribunales para reclamar lo que les debe.

Quien sí celebra la iniciativa es el alcalde de Badalona (Barcelonès) Xavier Garcia-Albiol, quien dice sufrir los mismos problemas que otras ciudades con el agravante de tener un hospital municipal. Albiol dice que hace meses comentó la cuestión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al que asegura que deslizó la idea de crear este FLA social.

La Confederación es la patronal de las empresas del tercer sector, de las entidades sociales cuya actividad es sin afán de lucro. Es también quien ha aglutinado en los últimos años la protesta por la morosidad de la Administración con el tercer sector y las modificaciones en la contratación que perjudican a las entidades. Su directora, Laia Grabulosa, subraya de entrada que la medida del Gobierno central no es un regalo: «A veces estas cosas se presentan como si fueran un favor», cuando, prosigue, la Administración central debe corresponsabilizarse de los pagos y de la falta de liquidez de las comunidades autónomas, y no presentarse como un salvador externo.

EL PAGO A PROVEEDORES

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En el año 2012, recuerda Grabulosa, los ayuntamientos debían más de 150 millones de euros a las entidades sociales catalanas. Ahora la cifra no está clara, pero sí que algunos consistorios están mejor y otros en una situación límite para mantener servicios sociales básicos como la atención domiciliaria o las guarderías. Por ello, muchos han dejado de pagar a proveedores. «A nosotros nos da igual quien pague, pero son servicios públicos que deben asumirse. No puede ser que el tercer sector los esté financiando», denuncia la directora de la Confederación.

Es una queja análoga a la que las entidades hicieron cuando la Generalitat les anunció el pasado 20 de septiembre que no podría pagar parte del concierto social correspondiente al mes de septiembre.