Pedraz investiga a Oleguer Pujol por blanqueo y delito fiscal

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este miércoles investigar a Oleguer Pujol Ferrusola, uno de los miembros de la familia del 'expresident' denunciados por Podemos y Guanyem. El togado le atributye un delito fiscal y de blanqueo de capitales. El magistrado recuerda que ya hay abiertas otras dos causas contra miembros de la familia Pujol y abre la puerta a que se abran diligencias contra otros dos hijos del clan.

Pedraz ha acordado investigar el dinero que recibió Oleguer Pujol de las Islas Vírgenes para adquirir un hotel en Canarias y su participación en sociedades en las que algunos socios son mercantiles domiciliadas en Luxemburgo y Holanda. El juez sostiene que la Audiencia Nacional es competente para indagar estos hechos porque los presuntos delitos se han cometido en el extranjero y podrían producir "una grave repercusión en la economía nacional".

Asimismo, el juez sugiere a Podemos y Guanyem que acudan a los juzgados territoriales correspondientes para investigar la actuación de Josep y Pere Pujol Ferrusola. El primero fue denunciado después de que vendiera una de sus sociedades a Indra en el 2001. Esta sociedad obtuvo luego numerosas adjudicaciones de la Generalitat. Por su parte, Pere junto a los empresarios Carlos Sumarroca y su hijo emitió informes medioambientales con los que después logró licencias para instalar parques eólicos. También les informa que si le aportan documentación que justifique la competencia de este tribunal les investigará.

UNIFICAR LAS CAUSAS

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Pedraz también sugiere a Podemos que se persone en el proceso que tramita Pablo Ruz contra Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer, Mercè Gironès. Y aconseja al juzgado de Barcelona que le remita la causa si confirma que los fondos confesados por el 'expresident' de la Generalitat estaban en el extranjero, "a fin de unificar en una causa" no solo el origen de las cuentas de Andorra sino "incluso las posibles comisiones" que se "estuvieran pagando directamente en Andorra".

El juez da un plazo de 15 días a los querellantes para que aporten 6.000 euros para poder ejercer la acción popular y les exige que actúen bajo la dirección de un mismo letrado y procurador.