EL ÓRDAGO SOBERANISTA

La designación de la comisión del 9-N acabará en los tribunales

El PPC impugnará la votación ante la justicia porque la considera «ilegal»

El bloque soberanista se mantiene firme pese a la amenaza y aprueba la junta electoral

Los diputados del PP alzan las manos para mostrar que no pulsan ningún botón en la votación. Al fondo, Fernández (CUP) hace el símbolo feminista.

Los diputados del PP alzan las manos para mostrar que no pulsan ningún botón en la votación. Al fondo, Fernández (CUP) hace el símbolo feminista. / ALBERT BERTRAN

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RAFA JULVE / BARCELONA

La designación de los siete miembros de la comisión de control de la consulta del 9-N, la junta electoral del plebiscito, situó este miércoles al Parlament en una pantalla inédita porque nunca un partido había actuado así contra un acuerdo aprobado en pleno: tras fracasar en el intento de que se retirara del orden del día la votación al considerarla «ilegal» porque «desarrolla una ley que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC)», el PPC decidió saltar del poder legislativo al judicial y anunció que, en cuanto se publique en el Butlletí Oficial del Parlament, llevará el acuerdo a la fiscalía y lo impugnará ante el juzgado contencioso-administrativo antes de denunciarlo ante el TC.

Fuentes del TC, por su parte, indicaron que el tribunal no actuará de oficio ante la votación de ayer. También explicaron que no descartan recibir en unos días una petición de la Abogacía del Estado para que los magistrados indiquen qué acciones puede desarrollar el Govern y cuáles no, informa Margarita Batallas.

EL CÓDIGO PENAL

En todo caso, la amenaza del PPC no amedrentó al bloque soberanista de CiUERCICV-EUiA y la CUP, que sacó adelante la medida con 86 votos a cero. No hubo ninguno en contra porque ni el PPC, ni el PSC, ni Ciutadans participaron. Los populares alzaron las manos en señal de que no pulsaban botón alguno; los socialistas se quedaron quietos y el grupo que lidera Albert Rivera salió del hemiciclo.

En el debate previo para decidir si se votaba o no, Rivera y el popular Enric Millo fueron los más contundentes al advertir incluso a los diputados del bloque favorable de que podían incurrir en «delitos» establecidos en el Código Penal. El socialista Maurici Lucena, por su parte, blandió un informe de los servicios jurídicos del Parlament para expresar sus dudas en cuanto a la «legalidad» de la designación. Para justificarse, destacó el punto 3 del texto, que avisa de que la providencia del TC indica que se suspenden todos los «actos y resoluciones» que desarrollen la norma bloqueada.

Jordi Turull (CiU) le respondió que el punto 5 del mismo informe matiza que el Constitucional ha permitido alguna vez que se mantengan actos «preparativos» de una ley suspendida mientras estos no adquieran la plena «condición legal» y ejecutiva a través de un decreto firmado por el president. El diputado nacionalista y el resto de portavoces del bloque proconsulta, además, no dudaron en sacar pecho y retaron al PPC a llevarles ante la justicia. Más desafiantes incluso, Gemma Calvet (ERC) y sobre todo David Fernàndez (CUP) resaltaron que un tribunal no frenará a la calle, aunque implique «desobedecer», avisó el segundo.

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LA FIRMA DEL DECRETO

Le toca el turno a Artur Mas. Un dirigente de CiU explicó ayer que el president firmará el decreto «en los próximos días», pero que lo hará incluyendo salvedades en el texto que maticen que la comisión del 9-N no tiene carácter ejecutivo mientras la ley de consultas esté suspendida. No obstante, queda poco más de un mes para la consulta y esta no podría celebrarse sin una junta electoral. Las presiones de ERC y la CUP sobre el Govern para que acelere el paso crecen cada día.