Votación sobre el alambre

La respuesta del Parlament a la suspensión de la ley de consultas no solo será jurídica. Aparte de pedir al Tribunal Constitucional que levante "de inmediato» el bloqueo de la normaTribunal Constitucionalinmediato» y de presentar alegaciones en un posterior escrito, la Cámara catalana tiene previsto ofrecer en el pleno de este miércoles una reacción de cariz más político al votar y designar a las siete personas que formarán parte de la comisión de control del 9-N.

Salvo cambios de última hora, la medida saldrá adelante con los votos de la mayoría formada por CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP, que contarán con 87 diputados de 135 (si no hay ausencias y si no se les suma algún discolo del PSC). Antes de ello, sin embargo, se habrá producido un tenso debate en la Cámara que ya empezó este martes en la reunión de la Mesa, cuando el PPC y Ciutadans, con el apoyo del PSC, reclamaron que no se incluyera la votación de la comisión del 9-N en el orden del día al considerar que la designación queda inhabilitada desde que el Constitucional bloqueara la ley de consultas y todos sus preparativos.

En respuesta a estos grupos, la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, alegó que, una vez convocado el orden del día de un pleno, y el de esta semana se aprobó antes de que se suspendiera la ley, ya no corresponde a la Mesa establecer modificaciones, sino que debe ser el pleno quien lo decida.

Dicho esto, Jordi Turull (CiU) y Marta Rovira (ERC) dejaron claro que sus partidos -como ICV-EUiA y la CUP- defenderán que se vote "con total normalidad". En una tesis que compartió con Esquerra e Iniciativa, el dirigente de Convergència subrayó además que la votación de la propuesta de los siete nombres de la comisión se hará "en previsión de cuando se levante la suspensión" y que estas personas no ocuparán su puesto "hasta que el presidente de la Generalitat no firme un decreto ratificándolos en el cargo. 

El PPC NO PARTICIPARÁ

Según Turull, "esa votación no supone ninguna desobediencia". Una opinión totalmente contraria a la del portavoz del PPC, Enric Millo. Los populares, igual que los socialistas -que acusaron al bloque proconsulta de "querer encender los ánimos"-, pidieron un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para que ratifiquen si la elección se puede celebrar teniendo en cuenta que la ley de consultas está suspendida. En el caso de que el dictamen no llegue antes del pleno, los 19 diputados del PPC saldrán del hemiciclo y no votarán porque, dijo Millo, no quieren participar en un acto de "desobediencia".