Rajoy ofrece diálogo in extremis si Mas obedece al Constitucional

con dos recursos de inconstitucionalidad en una mano y una oferta para Artur Mas de diálogo in extremis en la otra, siempre y cuando la Generalitat acate la paralización de la consulta que ayer decretó el alto tribunal. Palo jurídico y zanahoria política. Así podría resumirse la imagen que quiso dar el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la rueda de prensa que protagonizó al finalizar el consejo de ministros extraordinario que se celebró en la Moncloa. En esa reunión gubernamental, en la que se estrenó, por cierto, el titular de Justicia, Rafael Catalá, se dio luz verde a un recurso contra la ley de consultas catalana y a un segundo contra el decreto que convoca la consulta, una vez que se había obtenido el aval del Consejo de Estado. Sendos recursos se registraron de inmediato en el Constitucional que, con una rapidez histórica, se reunió en pleno a las seis y media de la tarde para admitirlos y decretar la suspensión cautelar de la norma y de la consulta.

«Jurídicamente hablando, el Gobierno no puede ni debe hacer otra cosa distinta de la que hace y, desde el punto de vista estrictamente político, tampoco cabe obrar de otra manera. No hay nada ni nadie, ni poder ni institución alguna, que pueda romper ese principio de soberanía única e indivisible en el que se basa nuestra convivencia», alegó Rajoy.

¿DERECHO A DECIDIR? / En esta línea, el jefe del Ejecutivo añadió que su decisión de acudir a los tribunales obedecía también a su obligación de defender las libertades y derechos de los españoles, «incluidos los ciudadanos de Catalunya», y de hacer respetar la Carta Magna, «que es reformable», admitió, aunque, a su juicio, no a través del referéndum que se pretende celebrar el 9-N. Rajoy negó asimismo que esté vulnerando el derecho a votar de los catalanes -«es falso que el derecho a votar y a decidir sea un derecho que se puede atribuir a una comunidad, negándoselo al resto de la nación», resaltó-. Y añadió que, desde hace décadas, en España a nadie se le impide hablar ni expresar su voluntad. En este contexto, el presidente reclamó que no se interprete como un «corsé» o una «restricción contra la libertad» lo que, en su opinión, no es más que la defensa de la legalidad vigente.

Y si alguien pretende que las leyes sean otras, prosiguió, que utilice «los cauces democráticos establecidos» para intentarlo. «Quien desee modificar la situación tiene toda la libertad de plantear una reforma de la misma: proponerla en los términos democráticamente establecidos y conseguir los apoyos necesarios para sacarla adelante. Esa es la manera de hacer las cosas. Lo que no puede hacer un gobernante responsable es buscar atajos o subterfugios», espetó el jefe del Ejecutivo.

LAS 23 PROPUESTAS DE MAS / Pese a todos los reproches, que hubo muchos, «quien ha puesto en marcha el proceso es el responsable de las graves consecuencias del mismo», llegó a decir Rajoy, que insistió en que su Gobierno y él mantienen abierta la vía del diálogo con Mas si hay respeto a la legalidad. «A partir de ahí, podemos hablar», puntualizó, sin descartar que las hipotéticas conversaciones futuras puedan girar en torno a una reforma constitucional. «¿Es posible negociar una reforma de la Carta Magna?», se le preguntó ayer al presidente durante su comparecencia ante los medios. «Ya hablaremos en un futuro. Sigo abierto al diálogo, como siempre. Lo que no puedo aceptar es que se hagan las cosas vulnerando la ley», incidió.

Se le interrogó también sobre las posibilidades que tienen de ver la luz las 23 propuestas (inversiones pendientes del Estado en Catalunya) que Mas le entregó en la Moncloa en julio. «Algunas de esas propuestas son razonables; otras, más discutibles. Pero están hechas en la línea de las de otros presidentes autonómicos. Y yo sobre eso estoy dispuesto a  hablar. Con el señor Mas y con el presidente de cualquier comunidad. Es mi obligación. De lo que no hablaré es de violentar la ley», dijo.

Según Rajoy, no había novedad en su oferta de diálogo porque él siempre se ha visto «dispuesto» a negociar con el Ejecutivo catalán. «Pero nunca ha existido una posibilidad real porque, primero, se han tomado decisiones unilaterales desde la Generalitat y pretendían que las aceptase y encontrase vías políticas y legales para realizarlas», se quejó. Ahora quiere un intento. Parece.