La penúltima etapa del proceso hacia la consulta

Los cuatro grupos que alientan la consulta del 9-N revistieron de carácter festivo la jornada de ayer. De sus intervenciones se desprendía la sensación de que, con la ley de consultas, culminan el camino conjunto que se inició a principios del 2013 con la declaración de soberanía de Catalunya, y cuya guinda, la convocatoria del referéndum, depende ya solo del presidente de la Generalitat, Artur Mas. No obstante, CiU y ERC subrayaron la adecuación de la norma al Estatut y a la Constitución, e ICV-EUiA y la CUP trataron de defenderse de la acusación de que la ley persigue únicamente votar la independencia.

El convergente Josep Rull, relator de la ponencia, afirmó que el texto es «la mejor herramienta para que la nación pueda decidir» su futuro, y defendió su plena constitucionalidad arguyendo que desarrolla el artículo 122 del Estatut, que da competencias a la Generalitat para organizar consultas.

Este mismo precepto invocó la diputada de ERC Gemma Calvet, que habló de «día histórico» e instó al PP a retirar sus «amenazas» de recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional.

La portavoz parlamentaria de ICV-EUiA, Dolors Camats, resaltó que el objetivo de la ley debe ser vertebrar una nueva manera de hacer política para acercar a representantes y representados, con consultas sobre todo tipo de cuestiones. Un argumento en el que coincidió con Quim Arrufat (CUP), aunque ninguno de los dos concretó alguna de las consultas que prevén impulsar. Arrufat advirtió de que el Estado «fracturará lo que haga falta» antes de dejar que los catalanes voten.

El bloque soberanista sumó el entusiasmo del diputado no adscrito y exmilitante del PSC Joan Ignasi Elena, que proclamó que la ley responde al anhelo colectivo de los catalanes.