La otra parte mercantil

La extraña relación entre Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer, Mercè Gironès, ambos imputados por un presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales, queda reflejado en uno de los informes de Unidad de Delitos Económico y Fiscales (Udef) de la policía en los que se basa la investigación del juez Pablo Ruz. Para explicar los vínculos que aún mantienen los dos imputados, los investigadores de la Udef escriben: «En los últimos tiempos, con ocasión de la separación conyugal que habrían llevado a cabo Jordi Pujol y Mercè Gironès, en vez de emprender una disolución civil de la sociedad matrimonial que les vinculaba, orquestaron una distribución mercantil para que gran parte de estos capitales, que hemos reputado de génesis espuria, acabaran en poder de Mercè Gironès».

En las dos horas y media que ayer estuvo declarando en la Audiencia Nacional, Gironès reconoció que era administradora de varias empresas de su expareja.

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Igual que Jordi Pujol hijo, llegó a la  Audiencia en taxi. Su abogado, Alberto Carrillo, es parte del mismo equipo jurídico que defiende al hijo del expresident. Y sus explicaciones siguieron la misma línea argumental y con una coincidencia muy destacada: la negativa a contestar las preguntas relacionadas con las cuentas andorranas sobre las que las autoridades del país ponen pegas para facilitar toda la información que se reclama.

Gironès insistió en que todas las operaciones sospechosas respondían a trabajos efectivamente realizados y defendió también la legalidad y el cumplimiento de sus deberes fiscales. En este sentido, reconoció que dispuso de dos cuentas en el extranjero: una de Crédit Suisse en Luxemburgo, y otra en Miami. Pero insistió en que están declaradas, tanto el principal, como los intereses que ha recibido. Gironès, según fuentes de la defensa, justificó que abrió la cuenta de Luxemburgo ante el temor por la situación económica española y que, posteriormente, repatrió parte del dinero al mejorar la coyuntura.

El interrogatorio del juez, en su caso, se centró en varias operaciones inmobiliarias protagonizadas directamente por ella o sus empresas. Explicó que a ella le ocurrió como a muchos otros españoles durante el boom inmobiliario, y logró algunos pelotazos. Así, explicó que  compró unos terrenos rústicos en Palamós en el 2002 por 200.000 euros y los vendió en el 2006 por 4,5 millones, porque habían obtenido en ese tiempo la calificación de urbanizables. Habrá que ver si las explicaciones diluyen las sospechas del juez.