La 'V' empuja a Mas hacia la consulta

Por tercer año consecutivo, centenares de miles de catalanes se movilizaron el Onze de Setembre para expresar su anhelo de constituir un nuevo Estado a partir de un referendo de autodeterminación. Tras haber cubierto en temporadas precedentes las etapas de la manifestación convencional y la cadena humana, la Catalunya estelada formó en esta ocasión una gigantesca senyera en forma de V que ocupó la Diagonal y la Gran Via de Barcelona, con el vértice en la plaza de las Glòries. En total, 11 kilómetros de V, nada menos. Una V de votar, de voluntad y de victoria, tal como se encargaron de subrayar los organizadores de la imponente concentración. También una V de vértigo, ante un escenario político como el que ahora se abre, plagado de incertidumbres. Un vértigo que hoy debe de sentir como nadie el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que fue directamente interpelado por los manifestantes para que se mantenga firme en su decisión de convocar la consulta del 9 de noviembre y, llegado el caso, ponga las urnas desafiando los pronunciamientos del Gobierno central y del Tribunal Constitucional.

Este requerimiento -que la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Carme Forcadell, se encargó de explicitar en su parlamento final-, fue respondido por Mas con una declaración institucional en la que, sin entrar en concreciones sobre los pasos a dar a partir de ahora, afirmó su «compromiso» de hacer lo que esté en su mano para «no defraudar» a los cientos de miles de catalanes que ayer se movilizaron. Unos manifestantes, añadió, cuyo despliegue «pacífico, respetuoso, tolerante y jubiloso» por las calles de Barcelona suponía un «mensaje potentísimo que el Gobierno central tendrá que escuchar».

El mensaje fue potente, pero la disposición del Gobierno central a escuchar no quedó del todo clara. Entre otras cosas, la jornada de ayer puso de manifiesto que, pese a las aseveraciones en sentido contrario que han proliferado en las últimas semanas -especialmente a raíz del estallido del caso Pujol-, el respaldo popular a la vía soberanista no ha mermado. Poco importa en realidad si este año había en la V de Gran Via-Diagonal unos miles de personas más o menos que en la Via Catalana del 2013 -la Guardia Urbana dio la cifra de 1,8 millones de manifestantes; la Delegación del Gobierno la dejó en 520.000 (sorprendentemente, menos que los inscritos)-, porque, en cualquier caso, había un gentío enorme. Y entusiasta. Y muy disciplinado, hasta el punto de soportar el calor y seguir las instrucciones de la organización a fin de completar, a las 17,14 horas, un gran mosaico cuatribarrado de innegable impacto estético (especialmente en algunos tramos de la Diagonal).

TRASPLANTES Y CUADROS / La nueva exhibición de músculo independentista transcurrió, una vez más, sin incidentes ni alteraciones del orden y volvió a plantear, cuanto menos, la existencia en Catalunya de un conflicto no precisamente menor, por más que algunos parezcan seguir empeñados en restarle importancia. El mensaje del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la sociedad catalana que ayer se movilizó consistió en aprovechar una visita a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) para explicar que, gracias a la solidaridad, un andaluz puede hoy vivir con un corazón catalán.  También se movió en el terreno de la alegoría la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que, después de inaugurar una exposición antológica de Joan Miró en el Museo Albertina de Viena, ensalzó la obra del pintor barcelonés como ejemplo del «patrimonio compartido» de catalanes y españoles.

Cabe esperar que de la reunión que hoy mantendrá en la Moncloa el Consejo de Ministros salga un análisis algo menos tangencial de lo sucedido ayer. Un análisis como el que, por ejemplo, hizo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que advirtió de que la «multitudinaria y muy significativa» presencia de ciudadanos en la V demuestra la necesidad «urgente» de «abrir un proceso de diálogo y negociación» entre los gobiernos español y catalán. No parece, sin embargo que el PP esté muy por la labor de compartir esta lectura. Al menos, a juzgar por la reacción del vicesecretario de organización popular, Carlos Floriano, que tachó la Diada de «fiesta excluyente» que deja fuera a una parte de la sociedad catalana.

EN TARRAGONA / Tal vez Floriano esperaba algo más del acto convocado en Tarragona por la plataforma antiindependentista Societat Civil Catalana, que pretendía dar voz a lo que la líder del PPC, Alicia Sánchez Camacho, llamó «la Catalunya silenciosa» y que congregó a entre 3.500 y  7.000 personas (la cifra varía en función del cuerpo policial informante).

Y a partir de ahora, ¿qué? Según el guion ya escrito, el Parlament debatirá, y aprobará, la ley catalana de consultas en un pleno extraordinario convocado para el viernes 19 de septiembre (justo después del debate de política general y del referendo escocés). Al amparo de esa ley, Artur Mas convocará la consulta del 9 de noviembre, y lo hará el 22 o el 23 de septiembre, si se cumplen las previsiones que ayer mismo hizo la presidenta del Parlament, Núria de Gispert. Y el Gobierno central responderá a la convocatoria con la presentación ante el Tribunal Constitucional de un doble recurso, contra la ley y contra la consulta, que comportará, en el momento de ser admitido (previsiblemente el 7 de octubre), la suspensión automática de ambas.

De ahí en adelante, terra incognita. Mas apeló a mantener la unidad del bloque proconsulta «por encima de los intereses partidistas», pero la movilización de ayer refuerza la posición de ERC al exigir al president que siga adelante con la consulta del 9-N incluso después del veto del Estado. Como dijo hace unos días el portavoz del Govern, Francesc Homs, llega «la hora de las decisiones».