El desafío soberanista
El PSC advierte de que el dictamen «no avala» el 9-N
Los populares consideran que la resolución «debilita» el proyecto de ley
Visto bueno a la ley, pero no a la consulta soberanista prevista para el 9 de noviembre. En este análisis sobre el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries coincidieron ayer PSC, PPC y Ciutadans aunque, eso sí, con matices diferentes. ERC e ICV, como era de prever, realizaron una lectura completamente opuesta.
A juicio de los socialistas, los votos particulares de cuatro (dos de ellos, nombrados a propuesta del PSC) de los nueve consejeros del órgano consultivo ponen de manifiesto que «la ley de consultas no avala en ningún caso una consulta con carácter de referendo». La secretaria de organización del PSC, Assumpta Escarp, aseguró que el hecho de que la resolución sobre el proyecto de ley contenga estos cuatro votos particulares implica que hay aspectos del redactado de la norma «que continúan a debate y no están tan claros». Y como ejemplo puso la constitucionalidad del uso de esta ley para convocar la consulta del 9-N.
Escarp también recordó que su partido, al igual que el PP, pidió al Consell de Garanties Estatutàries que se pronunciara sobre la pregunta pactada por el bloque soberanista. A pesar de que los consejeros no se han manifestado sobre este punto, la dirigente socialista consideró que los votos particulares «dejan claro que la pregunta prevista no tiene cabida en la ley». «Los socialistas siempre hemos defendido que los catalanes se puedan expresar, pero la mejor vía para hacerlo es el diálogo, la negociación y el pacto», dijo.
A pesar de estas objeciones,el PSC apoyará el proyecto del ley en la votación en el Parlament -ya dio su voto al borrador en la Comisión de Afers Institucionals el pasado 16 de julio-, prevista para principios de septiembre «porque el Consell la ha avalado por mayoría».
CRÍTICAS AL ÓRGANO CONSULTIVO / El portavoz adjunto del PPC en el Parlament, Santi Rodríguez, censuró que el Consell no se haya pronunciado sobre la constitucionalidad y la adecuación al Estatut de la pregunta del 9-N y lo atribuyó a que los consejeros todavía «no tienen claro» si la Carta Magna permite la consulta. Según añadió Rodríguez, el dictamen «debilita» el proyecto, pues aparte de obviar su encaje en la Constitución, existen «muchas discrepancias» en el seno del órgano consultivo: «Una parte importante de las conclusiones han sido aprobadas por cinco votos a favor y cuatro en contra».
Asimismo, el portavoz conservador instó a los socialistas a «no repetir el error» de apoyar la ley. «Que no les tiemble el pulso para votar en contra», dijo Rodríguez.
Ciutadans, por su parte, también consideró que el dictamen «no avala» la consulta y advirtió de que el Govern de Artur Mas pretende utilizar esta ley «para dar apariencia de legalidad a algo que es ilegal». «Pasamos de sus estafas económicas a sus estafas políticas», afirmó la portavoz de C's en la Cámara, Carina Mejías.
En el extremo contrario se situaron ERC e ICV. La republicana Gemma Calvet declaró que están «satisfechos» con el dictamen, un informe que calificó de «amplio y riguroso» y que garantizará la consulta. Josep Vendrell (ICV) consideró que la resolución es «un paso más en la legitimidad jurídica» de la consulta.
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