EL ENCAJE TERRITORIAL

Sáenz de Santamaría y Ortega negocian las 23 iniciativas de Mas

Los presidentes Rajoy y Mas pactaron el pasado miércoles confiar la tarea a sus vicepresidentas

La Generalitat espera poder desencallar con rapidez cuestiones relativas a infraestructuras

La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, en una reunión con consejeros autonómicos.

La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, en una reunión con consejeros autonómicos. / JUAN MANUEL PRATS

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GEMMA ROBLES / FIDEL MASREAL
MADRID / BARCELONA

Dejó el president Artur Mas en la Moncloa un documento con 23 propuestas que atañen a las áreas sociales, de infraestructuras, de liquidez o de educación y uso del catalán. Lo recogió quien fue su anfitrión en Madrid el pasado miércoles, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que adquirió el compromiso de que esas propuestas serían analizadas al detalle y obtendrían una respuesta. Lo que se desconocía hasta ahora es que ambos mandatarios decidieron además dejar la negociación de las iniciativas en manos de sus dos vicepresidentas, Soraya Sáenz de Santamaría y Joana Ortega, según confirmaron a este diario fuentes del Ejecutivo central y de la Generalitat.

La elección de Santamaría y Ortega por parte de sus respectivos jefes para encabezar las delegaciones negociadoras (tendrán que coordinar y unificar las valoraciones de varios departamentos, dada la variedad de asuntos a tratar) es, en principio, un gesto más en pro de ese «diálogo» que tanto Rajoy como Mas sostienen que se van a afanar en salvaguardar de la tormenta soberanista. Ambas vicepresidentas han manteniendo contacto fluido en los últimos meses -a raíz de la reforma de las Administraciones impulsada por la propia Sáenz de Santamaría- y tienen una buena relación personal, según los entornos de ambas políticas.

LA OFICINA DE AUTOGOBIERNO / Desde la Generalitat se afirma que se afronta el proceso negociador -que se retomará a finales de agosto o principios de septiembre-, con plena disposición al diálogo y voluntad de acuerdo. Ortega estará al frente de un grupo de juristas, que conduce Xavier Bernadí, y que forman la Oficina para el Desarrollo del Autogobierno (ODA). Ellos son los elegidos para arremangarse en los próximos meses y, junto a los técnicos y asesores que habitualmente trabajan en el Ministerio de Presidencia con Santamaría, intentar forjar pactos en torno al documento de Mas.

Según las fuentes consultadas en el Govern, Mas tiene el máximo interés en que lo que definió como el «clima de diálogo abierto» con el Estado dé frutos. Su intención es subrayar ante la opinión pública que al margen de la consulta soberanista, él y su Ejecutivo también tienen entre sus prioridades resolver cuestiones del día a día tales como los problemas de tesorería de los que adolecen las arcas catalanas, la hipotética dificultad para hacer frente a las políticas sociales o las insuficiencias en materia de infraestructuras.

De los 23 puntos sobre los que deberán discutir en los próximos meses los colaboradores de Santamaría y de Ortega, algunos hacen alusión a cuestiones pendientes entre Estado y Generalitat desde hace años y, según las fuentes mencionadas, podrían resolverse con cierta facilidad si existe «voluntad política».

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Son cuestiones muy concretas, como la demanda de determinados enlaces viarios o ferroviarios (se reivindican obras como la lanzadera de Sants a la T1 del aeropuerto de El Prat, o más liquidez para el transporte público en el área metropolitana de Barcelona) o cuestiones económicas relacionadas con equipamientos culturales que se cree que pueden tener solución sin  complicaciones. Desde el Govern también se espera que, tras las conversaciones entre las dos vicepresidentas en el renovado «clima de diálogo», se pueden relajar algunos de los litigios sobre competencias que están vivos en estos momentos.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA / Más complicado será el consenso sobre las propuestas de Mas que hacen referencia a los frentes lingüísticos o de financiación. El Gobierno central no contempla en ningún caso ni la retirada de su ley de educación, conocida como ley Wert, ni la marcha atrás en lo que concierne al pago de los colegios privados para aquellos padres que, en Catalunya, deseen que la educación de sus hijos sea en castellano.  Tampoco es probable el acercamiento en financiación, ya que el propio Rajoy confirmó el viernes que no se renovará el modelo vigente hasta la próxima legislatura.