SEÍSMO EN LAS FILAS NACIONALISTAS

Los investigadores rastrean el origen de la fortuna del clan Pujol

La policía constata el pago de ocho millones de euros por servicios inexistentes al primogénito

Varios empresarios declararon ante los agentes el «temor» por colaborar en la investigación

María Victoria Álvarez, tras declarar en la Ciutat de la Justícia de L’Hospitalet, el pasado 18 de marzo del 2013.

María Victoria Álvarez, tras declarar en la Ciutat de la Justícia de L’Hospitalet, el pasado 18 de marzo del 2013. / RICARD CUGAT

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MAYKA NAVARRO / JESÚS G. ALBALAT / Madrid / Barcelona

Hasta 17 empresas privadas que trabajan asiduamente en Catalunya contratadas por administraciones públicas abonaron presuntamente en apenas cuatro años más de ocho millones de euros en comisiones ilegales a tres de las sociedades a nombre de Jordi Pujol Ferrusola y su esposa Mercè Gironès Riera. Esta es una de las principales conclusiones del  informe de 62 páginas de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que el pasado 12 de junio recibió el juez Pablo Ruz. El hijo del expresidente deebrá declarar tras la denuncia presentada por su examante María Victoria Àlvarez.

Un informe que revela, a partir de una minuciosa investigación, sustentada entre otros elementos en las declaraciones de decenas de empresarios, cómo el primogénito del expresidente de la Generalitat recibió durante años cantidades millonarias por informes «inexistentes», mediaciones tan simples como hacer una llamada telefónica o incluso en una ocasión cómo su suegro, Ramon Gironès, exigió a una empresa «el 3% de comisión» por mediar en la venta de un inmueble en la que no participó ningún intermediario.

TRABAJOS SIN JUSTIFICAR / El informe concluye que durante estos cuatro años estas empresas abonaron el dinero mediante «facturas falsas», trabajos y estudios inexistentes. La policía requirió a Jordi Pujol Ferrusola y a Mercè Gironès Riera que justificaran esos trabajos acreditando las visitas realizadas; fechas concretas y planes de viaje; estudios de negocio; negociaciones con proveedores; contactos con autoridades locales; reuniones mantenidas con el consultor en España o en el extranjero... pero «en casi todos los casos» los investigados no aportaron un solo documento, recalca el texto librado al juez.

Las firmas EMTE y Copisa, destacadas contratistas de obra pública de la Generalitat, ocupan buena parte de la investigación. El presunto cobro de comisiones estaba tan arraigado que los imputados ni se preocuparon durante todo este tiempo en camuflar algunos de los trabajos inexistentes. «La impunidad era absoluta», según los investigadores. EMTE llegó a pagar hasta 154.000 euros a Jordi Pujol Ferrusola por el asesoramiento de la implantación del grupo empresarial en México. En las dependencias de la Udef en Madrid, el director general de la empresa no pudo aportar ni una sola factura, ni documento, ni trabajo que acreditara este servicio que entre el 2008 y el 2009 realizó Jordi Pujol Ferrusola. EMTE era propiedad de Carles Sumarroca Coixet, íntimo colaborador del padre del imputado en la fundación de Convergència Democràtica de Catalunya.

COMISIONES ASTRONÓMICAS / En esas mismas fechas, el grupo Copisa factura a dos de las empresas de Jordi Pujol Ferrusola 3.590.000 euros por trabajos de intermediación en varias ventas y compras. Servicios que no pudieron ser acreditados y con cifras astronómicas para gestiones tan simples como poner en contacto a dos personas o publicar un anuncio en un periódico.

El informe certifica que existía en ciertos sectores empresariales catalanes el convencimiento de que había que pagar una comisión ilegal al hijo del expresident y el miedo a perder contratos si no lo hacían. Uno de los empresarios interrogados manifestó su «temor a que su nombre se haga público y perjudique sus negocios en Catalunya temiendo no volver a trabajar».

MIEDO A LAS CONSECUENCIAS / No es el único que expresa sus miedos. Otros advirtieron a los policías del «gran poder político» que tienen los investigados y mostraron su «preocupación» por las consecuencias si colaboraban en denunciar las presiones.

En otro punto del informe, los policías de la UDEF recuerdan los «variopintos negocios» que comparten Jordi Pujol Ferrusola con Jordi Puig Godes, hermano del que entonces era conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Felip Puig. Para la Udef, la adjudicación a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y el Grupo Colpisa de la reforma de la Gran Via en L'Hospitalet de Llobregat derivó en «millonarios caudales al patrimonio personal» de ambos.

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Aunque muchos de estos pagos irregulares se produjeron entre el 2003 y el 2010, con CiU fuera del Govern, los propios investigadores recuerdan que en ocasiones como el caso Palau, el pago de las comisiones se ejecuta «en diferido en el tiempo». Como maniobra de despiste.

El informe concluye describiendo la abrumadora flota de vehículos de lujo de Jordi Pujol Ferrusola. Que sin embargo compró a precios rídiculos. Por un  Jaguar FFY solo pagó 3.600 euros, por el Porsche 911S, 2.800; por un Ferrari 328 GTS, 20.000 euros,  por citar algunos de los modelos más exclusivos y a precios muy sospechosos para los investigadores.

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