La ley de consultas supera el penúltimo trámite parlamentario

La comisión de Afers Institucionals (CAI) del Parlament ha aprobado este miércoles la proposición de ley de consultas en la que el Govern de Artur Mas quiere ampararse para celebrar el referendo de autodeterminación del 9 de noviembre. El texto, que se remitirá ahora al Consell de Garanties Estatutàries para que dictamine si se ajusta a la Constitución y al Estatuto, ha sido respaldado por CiU, ERC, el PSC, ICV-EUiA y la CUP. El PPC y Ciutadans han votado en contra. Trasladado a diputados: los que representan a 107 parlamentarios han dado el 'sí' y los que hablan en nombre de 28 han dicho 'no'.

Una vez se conozca el veredicto no vinculante del Consell de Garanties, que podría conocerse a mediados del mes que viene, la ley de consultas populares y participación ciudadana (ese es su nombre exacto) deberá votarse en un pleno del Parlament que, para poder llamar a las urnas el 9 de noviembre, debería celebrarse a finales de septiembre o como muy tarde, a principios de octubre. Esto responde a una razón: el propio documento establece que la consulta no puede celebrarse a menos de 30 días desde que se ha convoc­­­­­­ado.

La proposición de ley establece por ejemplo que las consultas que ampara no son vinculantes y que en ellas pueden votar los catalanes mayores de 16 años, incluidos los residentes fuera de España pero no los que viven en otras comunidades autónomas. También podrán participar los extranjeros nacionales de otros países de la UE empadronados en Catalunya y los que no proceden de la Unión pero que lleven tres años viviendo legalmente en Catalunya.

En todo caso, al documento aún se le pueden incorporar enmiendas. Aparte de las que decidan incluir los grupos en función de lo que diga el Consell de Garanties, tanto el PSC e ICV-EUiA (más en cuestiones técnicas) como el PPC y Ciutadans (que prácticamente reharían el texto) han anunciado que mantienen vivas sus reformulaciones para el pleno de aprobación de la ley.

Las reacciones de los grupos

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El diputado de CiU Josep Rull ha valorado el "amplio consenso" logrado durante la votación y el "rigor jurídico" del texto. También ha subrayado que el documento "amparará la consulta del 9 de noviembre", algo que han negado tanto Santi Rodríguez (PPC) como Carina Mejías (Ciutadans). Los dos diputados de la oposición, en unas intervenciones casi calcaldas, han defendido su voto en contra alegando que no quieren ser "cómplices" de una ley que es "un fraude masivo"” a la sociedad catalana y una "trampa" que no se ha redactado con el fin de fomentar la participación ciudadana, sino que solo tiene como objetivo auspiciar una consulta, la del 9-N, que no es constitucional.

El diputado socialista Ferran Pedret, pese a apoyar el texto, ha avisado de que el Parlament se arriesga a "perder" la ley si con ella quiere celebrar la consulta del 9 de noviembre. En cambio, Gemma Calvet (ERC) ha ensalzado que el texto "es plenamente constitucional y plantea un nivel más de profundización democrática", mientras que Dolors Camats (ICV-EUiA) y Quim Arrufat (CUP) han destacado que la norma permite profundizar en la "democracia directa" y en una mayor participación política de los ciudadanos.