El fiscal pide hasta 10 años de cárcel para tres exdirectivos de la empresa pública Adigsa

Les acusa de prevaricación y malversación de fondos públicos en la contratación de obras de rehabilitación de pisos de segunda mano

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J. G. ALBALAT / Barcelona

El fiscal Emilio Sánchez Ulled reclama 10 años de prisión e inhabilitación para el exconsejero delegado de Adigsa Josep Antoni Fontdevila, y 9 años y 6 meses de cárcel para otros dos exaltos cargos de la empresa pública, Jordi Huguet Xavier Sala, por irregularidades durante la etapa de gobierno de Jordi Pujol. El caso se destapó a raíz de la insinuación de Pasqual Maragall, en febrero del 2005, de que CiU cobraba comisiones a cambio de adjudicaciones de obras cuando en el Parlament pronunció la frase: "Ustedes tienen un problema, que se llama 3%".

Fontdevila, Huguet y Sala están acusados de prevaricaciónmalversación de caudales públicos y falsedad en relación al supuesto pago de comisiones a un intermediario, y a su implicación en la elaboración de 22 expedientes irregulares de rehabilitación de pisos de segunda mano del Pla Jove de la Generalitat.

Según el fiscal, Fontdevila "impuso en la estructura de Adigsa la extraña intervención de una persona ajena a la misma, el también acusado José María Penín, al cual presentó como un supuesto técnico externo, y lo insertó arbitrariamente en el proceso de tasación, decisión y adjudicación a empresas particulares" de obras de rehabilitación de pisos de segunda mano. Acerca de ese fichaje, apunta, ni constaba "el motivo" ni existía "justificación para ello". Se construyeron, asegura, expdientes de adjudicación "a medida y lapidando fondos públicos".

Para Penín, el ministerio público pide 5 años de cárcel, la misma pena que reclama para dos constructores. Para un tercer constructor, que fue quien denunció los hechos, pide 18 meses.

Militancia en CDC

El fiscal también detalla que tanto Fontdevila como el intermediario "compartían militancia y actividad políticas en CDC, amén de haber coincidido laboralmente", tanto en el partido como en el departamente de Benestar de la Generalitat.

El escrito de la acusación pública sostiene que el exconsejero delegado de Adigsa "ordenó caprichosamente e injustificadamente" el pago a Penín de una suma que oscilaba entre los 3.000 y los 4.000 euros mensuales "para labores de tasación que nunca existieron". En total, calcula que Fontdevila desvió 29.000 euros de fondos públicos para pagar al intermediario.

Diputado exculpado

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El caso se empezó a investigar en el 2005 a raíz de una querella de la Fiscalía, después de que el entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall (PSC) denunciara en el Parlament el cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras públicas por parte de los anteriores gobiernos de CiU, con Pujol al frente. El expresidente de Adigsa y diputado de CiU Ferran Falcó también estuvo imputado, si bien el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) archivó su causa al no hallar indicios de que su intervención en los hechos ni de que estuviera al tanto de un sistema de contratación irregular.