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Interior prohíbe por ley las identificaciones por razones étnicas

El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana

MAYKA NAVARRO / BARCELONA

Gobierno ha aprobado este viernes el proyecto de ley de Protección de Seguridad Ciudadana en el que ha introducido grandes cambios respecto al anteproyecto inicial presentado en noviembre. Las protestas por el contenido restrictivo de la ley y las recomendaciones formuladas por los órganos consultivos y asociaciones que adviertieron de la inconstitucionalidad de muchos preceptos han llevado a los cambios en el texto aprobado finalmente este mediodía.

Entre las novedades hay una vieja reinvidicación de las asociaciones en pro de los derechos humanos y de incluso sindicatos policiales como el SUP: la prohibición de las identificaciones callejeras por cuestiones étnicas. El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha asegurado que por primera vez en la historia una ley prohíbe las identificaciones "por perfiles étnicos". Además, se regulan los cacheos corporales que se someten "a los principios de no discriminación o injerencia mínima" y se limita la estancia máxima en dependencias policiales para tareas de identificación a seis horas.

"Por primera vez una norma con rango de ley prohíbe que se hagan identificaciones indiscriminadas o por perfiles étnicos", ha destacado Fernández Díaz, quien ha recordado que circulares policiales ya impedían estas prácticas, tras muchas denuncias de asociaciones y el rechazo de sindicatos policiales como el SUP. Este aspecto sí estaba recogido en el primer texto de la ley que presentó el Ministerio del Interior.

El titular de Interior ha defendido que la identificación de las personas por los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberá respetar "los principios de no discriminación y proporcionalidad".

Derecho de reunión y manifestación

Respecto a las manifestaciones, el ministro ha dejado claro que el nuevo texto no modifica "para nada" la legislación actual sobre el derecho de reunión y manifestación y rebaja de grave a leve las que se desarrollen sin haber sido comunicadas ante el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos. Pero si, además de no ser comunicadas, se perturba gravemente el orden público, se considerará una infracción grave. El ministro ha explicado que además la nueva ley recoge por primera vez la obligación de la policía ha defender el derecho de manifestación, y se sancionará a los que pretendan "reventar" una manifestación.

El proyecto no trata de sancionar más, sino de hacerlo con mayores garantías y menor discrecionalidad, ha destacado Fernández Díaz sobre el proyecto, dividido en cinco capítulos, el último de ellos dedicado al régimen sancionador de infracciones muy graves --se tipifican cuatro respecto a las 21 previstas en el primer borrador de Interior--, graves (26 frente a las 31 iniciales) y leves (7, trece más).

Entre las principales novedades incorporadas respecto al anteproyecto, Fernández Díaz ha subrayado la regulación de los supuestos excepcionales de traslado a dependencias policiales para identificación de personas. Una diligencia, ha enfatizado, que solo se practicará cuando no sea posible identificar a alguien por medios físicos o telemáticos y siempre "por el tiempo estrictamente necesario", que no podrá superar las seis horas, tal y como había solicitado el Consejo de Estado en su dictamen.

Además, los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado deberán expedir un "volante acreditativo" del tiempo de permanencia en dependencias policiales, que se entregará a las personas que lo soliciten.

Órganos consultivos

Durante los últimos siete meses, el anteproyecto aprobado por el Gobierno se ha sometido al dictamen de numerosos órganos consultivos, que han cuestionado algunos aspectos del texto. Esto ha llevado al Gobierno a introducir diversas modificaciones en el proyecto que aprobará hoy atendiendo a las recomendaciones de organismos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, la Agencia Europea de Protección de Datos, la FEMP, Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace.

Fuentes del Departamento de Jorge Fernández Díaz han explicado que se han asumido todas las observaciones "esenciales" que se han formulado para lograr el objetivo de "garantizar las mejores condiciones para la seguridad ciudadana, con un absoluto respeto a la libertad y con una total seguridad jurídica".

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