CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN DEL 'CASO NÓOS'
Cristina de Borbón, pendiente de la imputación de Castro
La infanta está acusada de blanqueo de capitales y cooperación en delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarin, a través de la sociedad compartida Aizoon
A primera hora de la mañana de este miércoles se espera que el juez José Castro comunique a las partes del 'caso Nóos' el auto de cierre de la instrucción y se prevé que mantendrá la imputación de Cristina de Borbón por blanqueo de capitales y cooperación en delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarin, a través de la sociedad compartida Aizoon. De confirmase, también se da por hecho que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, recurrirán el auto, al considerar que solo Urdangarin es el responsable de los manejos de la sociedad.
El juez Castro, que ha llegado a los juzgados de Palma a las 07.20 horas y se ha ido a las 08.30 horas, ya ha pasado el auto final a las partes. Ahora solo falta que estas lo reciban telemáticamente. A la salida del juzgado el juez ha señalado que con esto "se cierra un ciclo", y no ha querido desvelar la incógnita sobre si, finalmente, imputará o no a la infanta Cristina. Preguntado sobre si, de confirmarse esta imputación, la Fiscalía lo recurrirá, ha dicho: "Está en su derecho". "Han sido casi cuatro años de trabajo, pero todavía no se ha acabado. Ahora quedan recursos. Y queda trabajo".
Los duques de Palma nunca repartieron beneficios, pero si adquirieron con cargo a la empresa propiedades inmobiliarias, reformaron y decoraron el palacete de Pedralbes, celebraron fiestas familiares, viajaron y pagaron las nóminas del personal doméstico. Para el magistrado, sin el advenimiento de Cristina de Borbón para crear Aizoon, su marido tampoco habría podido cometer delitos fiscales en el 2007 y el 2008, cuando tributó a través de la sociedad rentas del trabajo por sus asesorías a grandes firmas, aminorando en 337.000 euros el pago al fisco. El pase a procedimiento abreviado del magistrado será pues un punto y seguido, ya que será la Audiencia Provincial de Palma la instancia que decidirá, seguramente ya pasado el verano, quién se sentará en el banquillo del 'caso Nóos' al resolver los recursos del ministerio Público, de la Abogacía del Estado y de las defensas.
Más de tres años de investigación
La investigación se ha prolongado más de tres años y cuenta ahora mismo con 32 imputados, que podrían quedar en torno a la veintena en el auto final. La investigación se inició como pieza separada número 25 de la 'macrocausa del Palma Arena', un velódromo ciclista construido durante el Govern de Jaume Matas cuyo coste se disparó de 48 a 110 millones de euros sin un solo contrato.
Estirando del hilo, Castro se topó con jugosos contratos suscritos entre la Administración balear y el Instituto Nóos a dedo. La misma fórmula que antes se había iniciado en Valencia, bajo el mandato de Francisco Camps. De las arcas públicas de ambas comunidades salieron más de seis millones de euros hacia la fundación altruista que hasta marzo del 2007 presidió Urdangarin, a quien sucedió su exsocio, Diego Torres, cuando saltó el escándalo por la denuncia del diputado socialista Antonio Diéguez en el Parlamento balear.
Urdangarin y Torres disponían de una entramado de sociedades mercantiles, como Aizoon, a las que desviaban la mayor parte de esos caudales mediante facturas ficticias o hinchadas. Se repartían los beneficios al 50%, según la investigación, que también ha detectado cruces de facturas y empleados ficticios para deducir más gastos y pagar menos impuestos.
El negocio siguió funcionando después con la Fundación Cultura, Deporte e Integración Social, que llegó a operar en paraísos fiscales. Sus defensas defienden la legalidad de los contratos suscritos y la veracidad de los conceptos facturados, aunque no han actuado al unísono, más bien todo lo contrario. Torres ha dejado sobre la mesa de Castro correos con referencias a mediaciones del rey Juan Carlos en los negocios de su yerno.
Además de Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin, se da por hecho que el magistrado incluirá en la lista al exsocio Diego Torres, al expresidente balear, Jaume Matas, y a varios altos cargos valencianos, pero no a Francisco Camps ni a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, al haberlo rechazado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que devolvió la causa a Castro.
Está por ver qué pasa con otros altos cargos de la Casa Real, como el secretario de las infantas, Carlos García Revenga.
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