Catorce detenidos en una operación por las facturas falsas de UGT Andalucía

Agentes de la Guardia Civil han detenido esta mañana a catorce personas en el marco de una operación relacionada con el caso de las supuestas facturas falsas e irregularidades contables del sindicato UGT Andalucía. La redada, dirigida por el juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, incluye registros en varias provincias españolas, como Sevilla, Madrid o Jaén, según fuentes policiales, que confirman que la operación está bajo secreto de sumario y continúa abierta. Entre los detenidos está el que fue tesorero del sindicato durante 2005 a 2013.Según una nota difundida por la Guardia Civil, el fraude era la "principal vía de financiación del sindicato", y asegura que se están analizando e investigando los últimos 12 años.

Esta redada supone la continuación de los registros que se llevaron a cabo en la sede central de UGT Andalucía y varias fundaciones vinculadas a esta central el pasado mes de diciembre. La operación Cirene investiga las facturas falsas elaboradas por empresarios y trabajadores de la central sindical que ejercían como proveedores, unas facturas por servicios o actividades que supuestamente no se habrían realizado pero que sin embargo luego fueron abonadas por la Junta de Andalucía con cargo a cursos de formación. La entidad tiene abiertos expedientes en la administración regional por la insuficiente justificación aportada para recibir la subvención.

Entre las empresas que habrían ayudado a esta contabilidad falsa se encuentra el responsable de una empresa de mobiliario de oficina en Sevilla capital, Chavsa, cuya sede está siendo registrada desde primera hora de la mañana. También se registra la sede de la agencia de viajes que tramitaba la organización de desplazamientos del sindicato. Los arrestados son en su mayoría trabajadores y extrabajadores de UGT,  aunque también empresarios que ayudaron a inflar las facturas.

Denuncia

La causa se inició el pasado verano a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias sobre el supuesto desvío de dinero procedente de subvenciones de la Junta de Andalucía para fondos de formación de parados a otros fines o actividades de UGT, como comidas en la feria de Sevilla, la compra de obsequios para congresos o pancartas y publicidad de la huelga general de 2010 contra la reforma laboral del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Posteriormente la denuncia se amplió en una decena de ocasiones, aunque el juzgado decidió inhibirse a favor de la instrucción que, vinculada a la financiación del sindicato, ya realizaba la juez del caso de los ERE. Sin embargo, el decanato repartió estas causas sobre ayudas a la formación para el empleo y parte de las mismas volvió al juzgado de instrucción 9.

De esta manera, el juzgado de instrucción que dirige Mercedes Alaya investiga en estos momentos la trama derivada del cobro de sobrecomisiones de los ERE, los cursos de formación organizados por Juan Lanzas, el denominado conseguidor de los ERE, y varias empresas de su entorno y una tercera que investiga el destino de ese dinero.

Fue el pasado 13 de mayo cuando la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, emitió un decreto en el que adjudicaba a la juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, la investigación por las ayudas de 49,5 millones de euros a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) en los años 2009 y 2010.