Rigau estudia como rebajar el impacto del 25% de castellano

Es el juego del gato y el ratón. El gato sería el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que obliga al Govern desde hace meses a aplicar el 25% de clases en castellano en cinco centros educativos donde un grupo de padres solicitó este porcentaje de uso lingüístico, en contra del criterio mayoritario en las aulas. El ratón, el Govern y esas escuelas, incluidas las asociaciones de padres, que tratan de retrasar o paralizar la aplicación de la medida.

La consellera Irene Rigau se reunió ayer, por separado, con padres y directores de las escuelas afectadas para buscar una solución. Una salida que pasar por presentar un nuevo recurso, pese a que esta vez el texto del máximo órgano judicial catalán es inequívoco: debe aplicarse la medida. En este caso, el Govern apuesta por hacerlo sin afectar al proyecto educativo y al periodo de exámenes de los centros implicados. Es decir, de la forma en la que afecte menos al proyecto educativo de los colegios.

En este sentido, los directores aceptaron ser orientados por la conselleria en caso de tener que proceder de inmediato a aplicar la cuota de castellano. Si eso sucede a principios de junio, Ensenyament diseñará un plan para minimizar el impacto de lo que el tribunal exige. Si puede alargarse hasta mediados de junio la entrada en vigor de la medida, entonces el modo de aplicarla sería aún más informal: aprovechando actividades lúdicas de los últimos días de curso (que finaliza el día 20) para usar el castellano en estas actividades hasta cumplir con el 25%.

BATALLA CON EL PPC / El Govern ha solicitado a su gabinete jurídico central  que presente el recurso el próximo día 13. La preocupación en el Govern por la reciente resolución del TSJC es evidente. El PPC trasladó el debate con contundencia en el pleno del Parlament este miércoles exigiendo a Rigau que cumpla con la resolución judicial, que esta vez ya no da margen alguno al Govern, a los cinco centros educativos y las asociaciones de padres: han de aplicar la cuota asignada.

En este frente político, la Generalitat acusa a los populares de promover la segregación de alumnos en función de la lengua y para ello esgrime una resolución del PP en el Parlament. En este texto, los populares planteaban, entre otras medidas, «habilitar en los centros de educación infantil sostenidos con fondos públicos líneas en catalán y castellano que permitan satisfacer la demanda expresada por los padres al realizar la preinscripción». Para Rigau, este texto pone en evidencia que pese a sus declaraciones públicas antisegregación, el partido de Alícia Sánchez-Camacho persigue la división de los alumnos en función de la lengua.

Los centros afectados por la resolución del 25% son un instituto público del Vallès Oriental y cuatro colegios concertados dirigidos por órdenes religiosas. La resolución judicial es contundente. «Aplicar la atención individualizada es ilegal», reza el texto, que incluso da al Govern herramientas para que aplique ya la cuota del 25%: «Basta con que uno de los profesores del centro imparta una asignatura principal» en castellano.