ENTREVISTA CON GERMÀ GORDÓ, 'Conseller' de Justícia

«Espero que el Constitucional anule las tasas»

El 'conseller' de Justícia, Germà Gordó, el viernes en su despacho.

El 'conseller' de Justícia, Germà Gordó, el viernes en su despacho.

J. G. A / F. M.
BARCELONA

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-EL PERIÓDICO publicó la semana pasada que las tasas judiciales han provocado un caída de pleitos. ¿Qué opina?

 

-Respecto a la ley de tasas, hay dos vertientes: es un ataque a las competencias de la Generalitat y es un hecho muy grave que afecta al conjunto de la ciudadanía, porque es una barrera a la tutela judicial efectiva [el acceso a la justicia], un principio constitucional. Por eso espero que el  Tribunal Constitucional la anule.

-La Generalitat, ¿qué ha hecho?

 

-Hemos recurrido al Constitucional. Nosotros hicimos una ley que ha sido suspendida, con tasas que no superaban los 120 euros. Con la estatal, pueden llegar hasta los 10.000 euros. Está muy claro que hay una ley que era equilibrada, quizá mejorable, la catalana, y una sin sentido, la española.

-El Estado ha recaudado por esas tasas 316 millones de euros. ¿Catalunya ha recibido algo?

 

-Ni un céntimo. Y eso que nosotros pagamos la justicia gratuita.

-El ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha emprendido otras reformas, como la del Código Penal, la justicia gratuita...

 

-La relación con el ministro es afable, pero a la hora de valorar lo que se hace desde su ministerio no podemos estar más en desacuerdo. Sobre la justicia gratuita, se presentó una enmienda a la totalidad.

-¿Como califica estas reformas?

 

-Son proyectos que van en detrimento de los derechos de los ciudadanos. Respecto al Código Penal, no puede ser que llevemos 30 reformas en 20 años. Es una barbaridad. Va contra la estabilidad normativa. La última reforma, además, rompe el principio de reinserción social que han de tener los presos, al establecerse la  prisión permanente revisable. Los reclusos lo son porque han hecho algo, pero la sociedad no es ajena al fracaso. Es una ley regresiva.

-Y la nueva ley del aborto...

 

-Debe hacerse de forma consensuada. Es algo tan importante, tan crítico para las personas a las que afecta, que de ninguna manera se puede usar como arma de conflicto político entre partidos. Por eso pedimos que retiraran el proyecto.

-¿Qué supone la propuesta de nueva organización del mapa judicial?

 

-Estamos en contra porque aleja la Administración de justicia del ciudadano. Elimina los jueces de paz que hay en 898 municipios catalanes y que hacen más de medio millón de trámites al año.

-¿Faltan jueces y fiscales?

-Para estar en la media española, en Catalunya serían necesarios unos 70 jueces más, pero, para estar en parámetros europeos, 270. También deberíamos tener más fiscales. La Conselleria de Justícia pone los recursos materiales y humanos.

-Los licenciados en Derecho catalanes tendrán que ir a examinarse a Madrid para ejercer.

 

-Esta convocatoria también será recurrida y estamos estudiando si hacemos un decreto ley para evitar esa inercia centralizadora y poder dar expectativas a los graduados catalanes.