EL CASO DE LOS ERE

La jueza Alaya inicia el proceso de embargo a Magdalena Álvarez

La exconsejera andaluza de Economía y exministra tiene diez días para listar sus bienes y poder cubrir la fianza de 29,5 millones

Magdalena Álvarez, el pasado noviembre, a su llegada a los juzgados de Sevilla para declarar por segunda vez por el caso de los ERE. EFE / RAÚL CARO

Magdalena Álvarez, el pasado noviembre, a su llegada a los juzgados de Sevilla para declarar por segunda vez por el caso de los ERE. EFE / RAÚL CARO / EFE / RAÚL CARO

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JULIA CAMACHO / Sevilla

El juzgado que instruye el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía ha pedido a la exministra de Fomento y exconsejera autonómica de Economía Magdalena Álvarez que designe en un plazo de 10 días los bienes que posee para poder hacer frente a la fianza de 29,5 millones de euros que le fue impuesta por su imputación por prevaricación y malversaciónprevaricaciónmalversación. La jueza Mercedes Alaya abre así el proceso de embargo a Álvarez.

La que fue consejera andaluza de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004 está implicada en el caso por ser supuestamente la persona que, en connivencia con otras, creó el marco legal que permitió utilizar un sistema irregular, según la jueza, para conceder ayudas directas o sociolabores de forma arbitraria y al margen de cualquier control.

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La diligencia de ordenación dictada este jueves por el juzgado afecta, además, a dos de sus subordinados en la Junta, el exviceconsejero de Economía y Hacienda entre 1990 y 2004, José Salgueiro, que deberá afrontar una fianza civil de 22,1 millones, y el exsecretario general de Hacienda andaluz entre 2000 y 2004, Antonio Estepa, con una fianza de 8.8 millones.

Recursos por resolver

La decisión del juzgado llega cuando la Audiencia de Sevilla aún no se ha pronunciado sobre los recursos presentados por la defensa de Álvarez, actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) contra su imputación en el caso en octubre del año pasado y contra la imposición de una fianza civil. Este recurso fue presentado el pasado día 19 con el argumento de que, además de ser una cantidad abusiva no se sustentaba en indicios de criminalidad suficiente. Y apuntaba que se imponía con un fin "estigmatizador y punitivo", ya que en el auto la jueza justificaba la medida ante la "probabilidad cierta" de que pudiera ser condenada por este caso, un juicio anticipado de culpabilidad que su abogado considera "manifiestamente inconstitucional".