ERC, Amaiur y BNG piden en un manifiesto el archivo de la causa de las 'herriko tabernas'

Amaiur, ERC y el BNG han pedido en un manifiesto, que han hecho público este miércoles, el sobreseimiento de la causa de las 'herriko tabernas'. Los tres partidos han salido en defensa, conjuntamente, de los imputados en el sumario 35/02, mientras que el PNV ha emitido un comunicado en el que también pide el archivo de la causa llevada al macrojuicio que se ha seguido en la Audiencia Nacional desde octubre y que este miércoles ha quedado visto para sentencia.

Con el apoyo de Esquerra y los nacionalistas gallegos, el diputado de Amaiur Rafael Larreina ha leído ante los medios de comunicación, en el Congreso, el documento en apoyo de los procesados en el que piden el fin de los "juicios políticos", y que este miércoles también se leerá ante el Parlamento vasco y las instituciones de "un centenar de municipos".

"Existen razonamientos y herramientas jurídicas suficientes para que este proceso judicial suponga un paso adelante, un paso para la paz, en lugar de ser un obstáculo o una piedra de guerra. La justicia se debe aplicar en términos de transición hacia un nuevo tiempo", apunta el texto. El alegato denuncia que la acusación ha presentado como pruebas de cargo actos que no son delictivos, y que se ha juzgado "la actividad política" y no hechos punibles. "Queremos a todas estas personas libres", proclaman los tres partidos.

Larreina ha abogado por que los "problemas políticos" se resuelvan desde el diálogo y el debate en los Parlamentos, porque cuando los ámbitos judiciales y policiales "quieren hacer política, lo que hacen es socavar el Estado de derecho".

Acusaciones "inconsistentes"

El partido nacionalista vasco, por su parte, critica la "inconsistencia de las acusaciones y la falta de fundamento de las imputaciones y causas probatorias" y lamenta que siga aplicándose el principio de "todo es ETA" sin base jurídico-penal fundamentada. La fiscalía acusa a 36 personas, entre ellas destacados dirigentes de la izquierda aberzale, de integración en banda armada.

El juez Baltasar Garzón inició, hace doce años, la investigación. Al inicio de la fase oral, el PNV ya advirtió de que el procedimiento carecía "de la más mínima y elemental base jurídica". Esa hubiera sido, a su criterio, la mejor opción para contribuir "al avance del proceso de paz y de la normalización política de Euskadi". Por el contrario, este miércoles ha denunciado que "continuar aplicando criterios de excepcionalidad en los actuales tiempos de distensión", tras la desaparición de la violencia de ETA, "no ayuda" a consolidar la paz.

Los encausados

Entre los 36 acusados por un delito de pertenencia a banda armada destacan los exdirigentes de Batasuna Joseba Permach y Rufi Etxeberria, para los que la Fiscalía pide doce años de cárcel, los mismos que había solicitado, antes de excluirlos de este proceso, para Arnaldo Otegi, José Luis Elkoro, Josefa Mikel Garmendia y Josu Imanol Cortázar Pipaón. El fiscal Vicente González Mota solicita diez años de cárcel para otros veinte miembros de la formación ilegalizada por un delito de integración en ETA, mientras que para el resto de los imputados reclama ocho años de prisión por colaboración.

Para la dirección peneuvista, el sobreseimiento y el cierre del caso permitiría "recuperar" la autoridad y el prestigio de la justicia penal, al tiempo que ha apostado por el respeto al pluralismo político y a los derechos fundamentales de asociación, libertad ideológica y de expresión.