Los frentes de la federación nacionalista

El Govern llevará al Constitucional nueve artículos de la 'ley Wert'

El Consell de Garanties contradice la reciente sentencia del TSJC

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
BARCELONA

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Hasta nueve artículos y disposiciones de la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, la controvertida LOMCE del ministro José Ignacio Wert, vulneran preceptos del Estatut y de la Constitución, según el dictamen emitido ayer por el Consell de Garanties Estatutàries, que servirá de base a la Generalitat para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma educativa.

Según el dictamen, la vulneración más evidente es que la Constitución no establece que los padres tengan derecho a escolarizar a sus hijos en una lengua de preferencia, sino que es la Administración educativa (en el caso de Catalunya, la Generalitat) la que fija la proporción de utilización de cada lengua en las aulas. El organismo recuerda que el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre la legitimidad del «modelo de conjunción lingüística» de Catalunya, con «la única excepción de que no comportara la exclusión del castellano como lengua docente, pero sin establecer criterios sobre la cuota mínima necesaria para asegurar la no exclusión».

Esta constatación contradice, sin embargo, el auto del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que da un mes a cinco centros educativos catalanes para ampliar hasta el 25% las horas de docencia en castellano. Los cuatro colegios de orientación cristiana afectados por la resolución anunciaron ayer que harán «todo lo posible» para no tener que aplicar ese criterio.

REVÁLIDAS Y BECAS / Además de las cuestiones lingüísticas (como la financiación de las escuelas privadas que den clases en castellano), el Consell de Garanties considera que la ley Wert invade competencias autonómicas al autorizar al Estado a establecer unas reválidas, necesarias para poder obtener el título de ESO y Bachillerato, y al decidir que será el ministerio el que gestionará y resolverá las becas no universitarias, en lugar de la Generalitat.