¿De quién es el Museo del Prado?

El Museo del Prado está en Madrid. Recibe miles de visitantes anuales y genera actividad económica a su alrededor. También lo hacen las sedes ministeriales. ¿Dónde, si no, hacen la compra o tienen su casa los funcionarios que trabajan en ellas? Pero los beneficios y cargas no corresponden solo a Madrid. Al menos, no de forma exclusiva. Así lo entienden Ángel de la Fuente, director del Instituto de Análisis Económico del CSIC, y los profesores Ramón Barberán (Universidad de Zaragoza) y Ezequiel Uriel (Universidad de Valencia), los expertos en los que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se apoya para revisar las balanzas fiscales, el método empleado hasta ahora para analizar las relaciones financieras entre el Estado y las autonomías.

Estos expertos reducen el peso de los gastos que se imputan a un territorio (método del flujo monetario, el defendido por la Generalitat) y aumentan el de los que en teoría benefician a todos los ciudadanos, aunque no sea con gasto directo (flujo de beneficio). El Ejército también trabaja para catalanes y manchegos, según este criterio. Para otros expertos, parte de esta visión es razonable, por ejemplo para las embajadas, pero, ¿también para la Confederación Hidrográfica del Ebro?

Todo ello lo recoge el Informe sobre la dimensión territorial de la actuación de las Administraciones Públicas, que es la propuesta metodológica que debe aprobar Montoro y que discutirán con otros expertos el 7 de marzo. El Prado, pero también el Liceu de Barcelona, «son inversiones que en alguna medida benefician a todos los españoles, pero mucho más a aquellos que viven en el territorio en el que tales equipamientos se localizan». Por ello imputan el 75% del gasto relevante a la región en la que se localiza físicamente el gasto y el 25% se reparte entre el resto.

Los autores consideran que «no importa dónde están localizadas físicamente las unidades administrativas». El objetivo de este método que trocea las balances fiscales en 350 indicadores para comparar ingresos y gastos estatales en las comunidades es «hablar de equidad y no de otra cosa». Otros servicios, como la defensa, se distribuyen entre las autonomías. Esta es una de las dos formas con las que se calculan también las balanzas fiscales.

La última conocida, del 2010, arrojaba un déficit fiscal para Catalunya de 11.258 millones (5,8% del PIB). Por el de flujo monetario, que compara lo que el Estado recauda en la autonomía con lo que gasta  en ella, era de 16.543 millones (8,5% del PIB). Así, Catalunya es la peor parada. Por el que defienden los sabios de Montoro, es Madrid. El Govern destaca que si los ministerios estuvieran en Barcelona, el déficit fiscal catalán sería mucho menor. No variaría en cambio con el otro método, porque el gasto se reparte territorialmente.