Un exalcalde de CiU de Sant Cugat será juzgado por prevaricación

Una jueza de Rubí Emma Sánchez Gil ha acordado la apertura del juicio oral contra el exalcalde de Sant Cugat del Vallès Joan Aymerich (CiU), acusado por la fiscalía de prevaricación al cometer supuestas irregularidades urbanísticas en la recalifcación de unos terrenos para favorecer el asentamiento de una empresa en el municipio, en un caso que se remonta a la década de los noventa.

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Rubí acuerda enviar a juicio a Aymerich -que fue alcalde entre 1987 y 1999-, así como al que fue jefe de Urbanismo del consistorio durante el mismo periodo, Juan Francisco Borrás; al ex jefe del servicio jurídico de Urbanismo Eduard Graell; al ex arquitecto municipal Vicente Tort, y al ex jefe de gestión urbanismo José María Casanovas. El fiscal reclama para los cuatro primeros cinco años de inhabilitación para ocupar cargo público. El quinto imputado, se enfrenta a una pena de dos años y tres meses de inhabilitación

En el auto, la jueza impone a los cinco imputados una fianza conjunta de 5,5 millones de euros, en la que figura como responsable civil el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar de la causa, decretando el embargo de bienes si no se deposita. La resolición sostiene que existen "verdaderos indicios racionales de criminalidad" contra los acusados, para los que la Fiscalía pide una condena de hasta cinco años de inhabilitación para ocupar un cargo público.

Los hechos, en los que el fiscal aprecia la eximente de dilaciones indebidas por la larga instrucción del caso, que estuvo en manos del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya durante los años en que Aymerich fue diputado del Parlament, en las legislaturas de 1992 y 1995, se remontan a principios de la década de los 90, cuando el consistorio impulsó varias actuaciones urbanísticas en el sector de Can Mates.

Convenio de permuta

Según sostiene la juez, el consistorio presidido por Aymerich cometió supuestamente, al menos, cinco irregularidades urbanísticas para favorecer el asentamiento de Boehringer Inhelheim SA (Biesa) en la zona, "en detrimento de otros propietarios, que vieron frustradas sus legítimas expectativas". El origen de las supuestas irregularidades se remonta a un convenio de compraventa-permuta firmado en 1993 entre el ayuntamiento y la empresa, que fue ratificado de forma arbitraria, según la instructora, ya que se prescindió de la publicidad registral y se ignoraron "absolutamente" los derechos de los demás propietarios, actuando de forma arbitraria. La acusación particular está ejercida por las empresas Tafecsados y Cotreras Obras y Servicios, representadas por el abogado Sergi Mercè Klein, que resultaron perjudicadas.