CiU, ERC e ICV-EUiA registran en el Congreso la iniciativa para permitir la consulta

El PP y las fuerzas soberanistas catalanas dicen estar de acuerdo en algo. Ambas partes señalan que tienen interés en que el Congreso discuta cuanto antes la proposición de ley orgánica aprobada por el Parlament en la que se pide al Gobierno que traspase la competencia para celebrar el referendo de autodeterminación. La iniciativa del poder legislativo catalán ya llegó hace un par de semanas a la Cámara baja, pero las propuestas autonómicas siguen un cauce distinto que las de los grupos, y esta no se vería hasta el mes de septiembre, apenas dos meses antes del 9 de noviembre, la fecha elegida por el 'president', Artur Mas, para celebrar la consulta. De ahí que CiU, ERC e ICV-EUiA hayan registrado este lunes la misma iniciativa, solo que firmada por sus diputados.

En rigor, se trata de dos textos: uno presentado por los grupos parlamentarios, a través de sus portavoces, y otro por todos los representantes que estos partidos catalanes tienen el Congreso, que suman 22, siete más del mínimo que fija el reglamento para presentar este tipo de proposiciones. Ambos escritos pretenden lo mismo, que la iniciativa sobre la transferencia de la capacidad de celebrar la consulta, que no saldrá adelante al contar con el voto en contra del PP y los socialistas (tanto del PSOE como del PSC), se discuta lo antes posible.

El procedimiento

La propuesta será ahora publicada por el Boletín de las Cortes Generales y remitida al Gobierno, que tiene 30 días hábiles para pronunciarse. El Ejecutivo podría incluso ejercer su derecho de veto si considera que la iniciativa trae consigo alguna alteración de los Presupuestos Generales del Estado, pero esa no es su intención. En principio, la propuesta se discutirá entre marzo y abril.

Al igual que la del Parlament, la iniciativa consta de cuatro puntos. El primero consiste en la delegación de la competencia para llevar a cabo el referendo "sobre el futuro político colectivo de Catalunya". El segundo señala que la consulta se ha de convocar y celebrar "antes de que finalice el 2014", sin que coincida con "periodos electorales ni con una fecha de alto contenido simbólico-político". El tercero explicita que es el Govern quien debe llevar a cabo la convocatoria. Y el cuarto, por último, se detiene en el procedimiento y sus garantías, que serán "los determinados por la legislación de los procesos refrendarios y electorales y, si procede, por el decreto del Gobierno de Catalunya que convoque el referendo".

El líder de Unió, y jefe de filas de CiU en la Cámara baja, Josep Antoni Duran Lleida, ha explicado este lunes la doble ofensiva de los grupos catalanes en el Congreso para garantizar la discusión de la propuesta del Parlament lo antes posible. Duran, quien ha abogado por la plena constitucionalidad tanto de la demanda como de la posible consulta que se podría derivar de ella, ha ofrecido, además, el turno de presentación de iniciativas de la federación nacionalista para discutir la propuesta directamente emanada del Parlament. "Con toda la fuerza simbólica que tiene una propuesta que es institucional y no solo de unos partidos", ha asegurado en rueda de prensa el portavoz de la federación en la Cámara baja.

El Parlament ya tiene otra propuesta guardando turno en el Congreso, en concreto sobre la dación en pago, "algo que hay que respetar", ha señalado Duran.

Cabe recordar que los primeros cálculos hechos sobre cuándo se produciría la discusión, situaban el debate en marzo. Semanas más tarde, EL PERIÓDICO desveló que, en el plan de Mariano Rajoy para frenar el órdago soberanista, el PP tenía previsto debatir esta cuestión en junio, siempre después de las elecciones europeas, a fin de evitar un desgaste por su flanco derecho, últimamente más poblado de partidos que le pueden arañar votos. El horizonte expuesto por el líder de Unió, por tanto, se acerca a la previsión del Gobierno

Duran, más allá de la exposición de las propuestas entradas en el registro del Congreso, ha hecho, también, sus habituales llamadas al diálogo entre gobiernos.