La jueza de los ERE insiste en señalar a políticos como máximos responsables del fraude

Alaya habla de una estructura "piramidal" en la administración regional que mantuvo el sistema de ayudas durante una década y rechaza separar el caso en piezas

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JULIA CAMACHO / Sevilla

La jueza del caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía vuelve a señalar en un auto a los cargos políticos y técnicos de la administración como máximos responsables de un sistema de ayudas ilegal que se prolongó durante una década. Y rechaza, como piden algunos imputados para agilizar la causa, que esta pueda separarse o desgajarse en piezas, ya que tanto los políticos como los intermediarios en la concesión de los fondos son actores que se repiten en los diferentes expedientes de ayudas, dando valor de conjunto a la pieza.

Mercedes Alaya responde de este modo al recurso presentado por una de las intrusas en los expedientes de prejubilación para separar esa rama de la causa de la trama más política. Alaya reprocha a esta intrusa que tenía conocimiento de que las subvenciones "se otorgaban discrecionalmente y sin que se justificara por los solicitantes, como ella, el fin público o el interés social" de tales ayudas públicas, cuya obtención llegó a convertirse en una estrategia empresarial.

El auto estima que ambas partes de la causa están unidas, ya que la imputada "lejos de mantenerse al margen de lo que ella denomina en su recurso como 'trama política', se aprovechó de ella en virtud de las presuntas influencias ejercidas sobre ciertos cargos -como así se deduce de la declaración del exdirector general de TrabajoFrancisco Javier Guerrero- para conseguir elevadas subvenciones".

Causa "inescindible"

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En este sentido, la jueza es tajante y asegura que la causa es "inescindible" porque en "cada expediente de subvenciones sociolaborales o ayudas a empresas podría derivarse responsabilidad criminal para las mismas personas". Se trata, matiza, de "los diferentes cargos políticos y técnicos de la Junta, que en estructura piramidal serían los promotores de un sistema ilegal de concesión de subvenciones públicas que ha permanecido vigente más de 10 años, y en segundo lugar a los intermediarios que, alternándose, se repiten en cada uno de estos expedientes, sobre los cuales a día de hoy penden diligencias de interés".

Aunque no los menciona, entre esos cargos políticos se encontraría la cúpula del Ejecutivo andaluz desde el 2001, con los presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán a la cabeza, a la que la jueza ya ha invitado a personarse en la causa para asegurar sus garantías procesales en una futura petición de aforamiento. La macro causa de los ERE supera ya los 150 imputados, algunos de los cuales están siendo citados a declarar con más de tres años de retraso desde el inicio de las diligencias.