El juez Castro imputa de nuevo a la infanta Cristina en el 'caso Nóos'

El juez José Castro ha imputado este martes a la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales en el 'caso Noos'. En un extenso auto de 227 folios, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma concluye que hay indicios delictivos suficientes en el comportamiento de la hija del Rey y le cita a declarar el próximo 8 de marzo, a las 10 horas.

Tres años después de iniciar la investigación del 'caso Noos', una pieza separada de la macrocausa del Palma Arena, y ocho meses después de rastrear la actividad económica de la infanta Cristina, el juez vuelve a encausarla. Según detalla en su auto, existen indicios de que la hija del Rey se prestó a que Aizoon, la sociedad que comparte al 50% con su marido, Iñaki Urdangarin, "sirviera de andamiaje imprescindible para la comisión de delitos fiscales" y realizó gastos fraudulentos con fondos de la empresa.

Castro sostiene igualmente en su resolución que la intervención de la Infanta Cristina en Aizoon constituía un "escudo frente a Hacienda", en línea de lo que puso de manifiesto en su día el notario que participó en la constitución de la sociedad, quien apuntó que el exasesor fiscal del Instituto Nóos Miguel Tejeiro auspició la colocación de la hija del Rey en la mercantil para que ésta gozase de un trato especial por parte de la Agencia Tributaria.

"No parece que a nadie debiera escandalizar que se pretenda formularle preguntas al respecto", argumenta el magistrado de Palma, quien también rechaza que deba de tenerse un "especial cuidado" a la hora de imputar a "personajes públicos, especialmente aquellos vinculados a instituciones centrales del Estado", negando así que deba de darse un trato de favor a la infanta. Es más, aduce que deben ser los personajes públicos los que deben de "observar ese especial cuidado para no situarse en órbitas que pudieran resultar cuando menos comprometedoras". Asimismo, considera que el hecho de citar a Cristina para que explique las supuestas irregularidades no hará "tambalear los pilares del Estado de derecho, más bien todo lo contrario".

Mirar para otro lado

En otro párrafo de su auto, Castro acusa a la infanta de mantener "una actitud propia de quien mira para otro lado" en relación a las irregularidades cometidas presuntamente por su marido. Según el juez, Urdangarin difícilmente pudo haber defraudado a Hacienda "sin, cuando menos, el conocimiento y aquiescencia" de su mujer.

El instructor también cuestiona la posición del fiscal, oponiéndose a la imputación de la infanta, y sostiene que en el caso de los otros 42 imputados en esta pieza separada del 'caso Palma Arena' nunca se ha mostrado tales reticencias ni se ha vulnerado la presunción de inocencia. "Ni el afectado ni ninguna otra parte ni, por supuesto, el Ministerio Fiscal, plantearon reproche alguno sobre una supuesta indefensión que pudiera generar la fórmula de llamamiento elegida ni nadie se sintió llamado a formular recurso alguno", subraya.

Finalmente, Castro reitera que existen "determinados indicios objetivos de criminalidad", que no son "fruto de una caprichosa lucubración".

Primera imputación rechazada

El pasado mes de mayo, la Audiencia Provincial de Palma, por dos votos contra uno, le tumbó parcialmente su primer auto de imputación. La sala consideró que ella no es cómplice de los graves delitos que se imputan a su marido, como la malversación de fondos públicos, porque era ajena a la gestión del Instituto Nóos, fundación sin ánimo de lucro dirigida por su marido, Iñaki Urdangarin, y su exsocio, Diego Torres, que recibió 6 millones de euros de los gobiernos de Francisco Camps y Jaume Matas en Valencia y Baleares. No obstante, instó al magistrado a seguir investigando a la infanta por delito fiscal y blanqueo de capitales en Aizoon, que recibió casi un millón de euros de Nóos.

Todas las partes, incluida la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, presentaron al juez escritos contrarios a la imputación de la hija del Rey, que solo defendió la acusación popular ejercida por Manos Limpias. El auto es recurrible ante la Audiencia Provincial de Palma, que tendría margen para resolver antes del 8 de marzo.