Condenados a dos años de cárcel tres de los acusados por los tartazos a la presidenta de Navarra

La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de cárcel al que era teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arruazu (Navarra), Gorka Ovejero, y a los activistas de la asociación Mugitu! Julio Martín Villanueva e Ibon García Garrido por los tres tartazos que propinaron a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina.

En una sentencia notificada este miércoles, la Sección Primera de la Sala de lo Penal atribuye "un delito de atentado" contra la presidenta de una comunidad autónoma a estos tres acusados, que arrojaron las tartas, y a Mikel Álvarez Forcada, al que condena a un año de cárcel por considerar que no participó en el lanzamiento.

El tribunal considera probado que el 27 de octubre del 2011 los cuatro acusados interrumpieron el Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos que se celebraba en Toulouse (Francia) y que llevaron a cabo "una acción violenta corporal en la que la víctima fue golpeada hasta tres veces con unas tartas". Los magistrados argumentan que, al ser la víctima presidenta de una comunidad autónoma y sufrir el atentado en el ejercicio de su cargo, los cargos deben ser considerados como delito de atentado cualificado.

Aun así, rebajan la pena en un grado al considerar que la infracción penal en un territorio --Francia-- que establece unas penas sensiblemente menores a las establecidas en la legislación española. "Actuaron en la creencia errónea de que sería en ese territorio donde se les podrían exigir responsabilidades", señala la resolución.

Las reacciones

El Gobierno de Navarra ha considerado "justa" y "proporcionada" la condena, según informa Efe. Barcina ha mostrado su "satisfacción" ya que entiende que en la sentencia "reconoce que ahí hubo una agresión a la presidenta del Gobierno de Navarra, y que eso no era ni una broma ni una protesta".

Por otro lado, EH Bildu ha considerado la sentencia como "un ataque contra la protesta social". En un comunicado, el partido ha cualificado de "barbaridad jurídica" la condena y ha añadido que "deja en evidencia la sucesión de funciones de este órgano judicial respecto al Tribunal de Orden Público del Franquismo". A su juicio, la sentencia sólo busca "criminalizar a los movimientos sociales y a las personas que disienten y resisten ante un sistema neoliberal que no duda en arrasar el medio natural y sus recursos".