El derecho a decidir del PP oscila entre el artículo 150.2 de la Constitución y el 155

A pesar de las manifestaciones multitudinarias y las votaciones mayoritarias del Parlament a favor de que los catalanes puedan acudir a las urnas para decidir sobre la futura relación de Catalunya con el resto de España, el Gobierno español, el PP, el PSOE y UPD sostienen que el "derecho a decidir" corresponde a las Cortes Generales como expresión de la '"soberanía nacional". Un derecho a decidir que, merced a la mayoría absoluta del PP en el Parlamento español, ejercen casi en exclusiva los diputados del partido de Mariano Rajoy.

La hegemonía parlamentaria popular es, en definitiva, la que puede decidir que se lleve a cabo la consulta en Catalunya o impedirla. E incluso suspender la autonomía catalana, en el caso de que los dirigentes políticos catalanes convoquen un referendo ilegal. Ambas posibilidades están previstas en la Constitución, a juicio de muchos expertos, aunque hay también numerosos especialistas renuentes. 

La posibilidad de que se pueda convocar una consulta sobre la independencia de Catalunya está prevista en el artículo 150.2 de la Constitución, según los juristas que han asesorado a los partidos parlamentarios catalanes favorables al referendo, todos salvo el PP y Ciutadans. El artículo 150 dispone en su segundo apartado: "El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado".

Asuntos de transferencia o delegación

Algunos columnistas solventes consideran, sin embargo, que este es "un falso camino". Como el historiador <strong>Joaquim Coll, </strong>quien este martes escribió que este artículo de la carta magna "solo hace referencia a asuntos que sean susceptibles de transferencia o delegación, como la fue en su día la competencia de tráfico".

Los grandes partidos españoles --PP y PSOE-- y la emergente UPD de Rosa Díez se han mostrado absolutamente contrarios a la posible aplicación del artículo 150.2 con el argumento central de que la soberanía reside en toda la nación española y que es toda ella la que debe decidir sobre el futuro de una de sus partes integrantes.

Dirigentes del PP y UPD han respondido que, si los soberanistas catalanes continúan con su "desafío" después de la previsible derrota en las Cortes de la solicitud de la consulta y la Generalitat convoca finalmente un referendo "ilegal", se aplique de inmediato el artículo 155 de la Constitución. Este reza en su primer apartado: "Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general". Una redacción que permite deducir que el Gobierno español puede <strong>suspender la autonomía </strong>de la Generalitat. El choque de trenes en su versión más virulenta. 

En su segundo apartado, el mismo artículo constitucional precisa: "Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas".

Prisión para Mas si persiste

José María Aznar y Rosa Díez han coincidido en reclamar la recuperación de un artículo del Código Penal --derogado en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero-- que permitía el encarcelamiento de un presidente autonómico, fuese lendakari o 'president' de la Generalitat, si le daba por convocar un referendo de forma ilegal. Artur Mas ha descartado en los últimos meses llamar a las urnas si no hay un claro soporte legal. Pero su socio, Oriol Junqueras, insiste en que el referendo debe celebrarse "sí o sí" en el 2014.

El portavoz del PP en el Congreso, <strong>Antonio Alonso, </strong>declaró este martes, a raíz de la reivindicación de Aznar de parte de su legado presidencial, que el Gobierno actual cuenta con mecanismos "suficientes" para tener la "certeza" de que en España no va haber un referendo ilegal. La "certeza" de Alonso --o la espada de Damocles sobre Catalunya-- tiene tres cifras: 155.