El PP legisla para evitar los escraches

El poder ejecutivo no ha logrado que el judicial le dé la razón, al menos hasta ahora, a la hora de condenar o detener acciones como los escraches que vivieron algunos políticos a raíz de la oleada de desahucios  o las concentraciones alrededor de edificios oficiales como el Congreso de los Diputados. Seguramente por esa diferencia de criterio, el Gobierno ha decidido aprovechar sus atribuciones para redactar un proyecto de ley de seguridad ciudadana que, entre otras cosas, prevé «mejorar la tipificación» -o sea, aumentar las sanciones- para conductas como los citados escraches, la quema de contenedores, las protestas ante instituciones o las no autorizadas.

El encargado de impulsar este proyecto que pasará este mes por Consejo de Ministros es el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, quien defiende la iniciativa alegando que con ella «se garantizará el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos», una lectura que no comparte el PSOE ni otros grupos de la izquierda, que consideran que se intenta amedrentar a los que quieren ejercer su derecho de manifestación.

PROTEGER A LA POLICÍA/ En rueda de prensa, se le demandó a Fernández Díaz que especificara qué es lo que pretende castigar el Ejecutivo. A modo de ejemplo dijo que ya el nuevo Código Penal (cuya reforma va en paralelo a la de la ley de seguridad ciudadana) se encarga de eliminar lo que hasta ahora se consideraban «faltas» para convertirlas en «infracciones administrativas».

En lo que concierne a la norma que se está redactando actualmente en su departamento, el ministro del Interior recalcó que la ley de seguridad castigará bajo el formato de «infracción muy grave» a todos aquellos que, como ha sucedido en alguna ocasión en los últimos meses, se concentren o manifiesten ante instituciones del Estado como la Cámara baja, el Senado o el Tribunal Supremo sin haber comunicado con anterioridad la convocatoria.

«El objetivo primordial es garantizar de forma más eficiente la seguridad pública y, a su vez, proteger mejor a quienes tienen la misión constitucional de velar por el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, es decir, Guardia Civil, Policía y fuerzas de seguridad», enfatizó el ministro. Y es que el PP considera también necesario agravar las penas aplicables a los sujetos que agredan a los profesionales de seguridad.