La vicepresidenta advierte a Mas de que debe aplicar la reforma municipal
Saénz de Santamaría afirma que a los españoles les interesa más la racionalización de la administración que el modelo territorial del Estado

La vicepresidenta del Gobierno, en el Senado, este lunes. / periodico
La vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, ha advertido este lunes a la Generalitat que la reforma de los ayuntamientos que en estos momentos se está tramitando en las Cortes es de aplicación en Catalunya.
El Govern de Artur Mas ha aprobado su propia normativa municipal, ha asegurado que la legislación estatal es de rango inferior al Estatut y por tanto carece de vigencia en Catalunya y ha amenazado al Gobierno central con acudir al Tribunal Constitucional si finalmente se acaba aplicando a los consistorios catalanes.
La número dos de Ejecutivo ha reconocido este lunes, en una comparecencia en el Senado, que Catalunya tiene competencia en materia local, lo que en su opinión, no es óbice para que el "núcleo básico" de la norma estatal "no deba respetarse" en el conjunto del territorio español.
La vicepresidenta ha revelado que ha conversado recientemente con su homóloga Joana Ortega sobre el asunto, con el fin de tratar de convencer al Gobierno catalán de que acepte el grueso de la norma y luego, mediante normativa autonómica, desarrolle y particularice los aspectos que considere oportuno.
De hecho, la mano derecha de Mariano Rajoy en el Ejecutivo se ha mostrado convencida de que si la Generalitat acepta este principio, "el acuerdo es fácil" y por tanto CiU podría apoyar la norma en el Senado, tal como hizo el PNV en el Congreso.
La reforma de las administraciones
Saénz de Santamaría ha acudido al Senado, a petición propia, a defender su poda de las administraciones. Pero en el camino se ha encontrado con que la oposición, especialmente el senador de la Entesa (grupo formado por PSC e ICV en la Cámara alta), Joan Saura, la acusaban de representar a un Gobierno con afán "recentralizador" que deja sin respuesta las reivindicaciones soberanistas que le llegan desde Catalunya.
Ante esta acusación, la número dos del Ejecutivo ha considerado que a los españoles les interesa mucho más un Gobierno que reduzca la burocracia y ahorre al evitar las duplicidades entre administraciones que el "modelo del Estado". "Bienvenida sea la política con minúscula, si por ella se entiende tomar medidas que afectan a la vida cotidiana", ha manifestado.
En cuanto a las críticas a la política recentralizadora, la vicepresidenta ha justificado que el Gobierno no haya negociado muchas de sus normas con las comunidades autónomas con el argumento de que el Ejecutivo se encontró el país con una "crisis tremenda" y ha tenido que tomar, sobre todo al principio de la legislatura, decisiones "urgentes" para evitar el rescate de la economía.
Rechaza reformar la Constitución
La vicepresidenta ha rechazado, por otro lado, acometer una reforma de la Constitución que dé respuesta a algunas de las aspiraciones que se plantean en Catalunya con el argumento de que "no hay ni un atisbo de principio de acuerdo" entre los partidos políticos sobre en qué dirección y cómo acometer esta reforma.
Asimismo se ha mostrado convencida de que aún hay margen para desarrollar el actual Estado autonómico y facilitar "la coordinación" entre los diferentes niveles administrativos.
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