La jueza avala que el PP borrara los discos duros de los ordenadores de Bárcenas
La instructora considera que los equipos pertenecían al partido conservador y que no hubo encubrimiento
El extesorero del PP Luis Bárcenas abandona la Audiencia Nacional, el pasado marzo. / JLR
Por qué confiar en El Periódico La titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid, María Esperanza Collazos, ha archivado la investigación del borrado de los discos duros de los ordenadores que usó "el empleado" Luis Bárcenas cuando trabajó en el PP. La togada sostiene que estos equipos pertenecían al partido conservador y que, por tanto, el partido no ha causado un daño informático. También descarta que esta actuación pueda suponer un encubrimiento porque aún no se ha acreditado que se haya cometido un delito en la causa que investiga el juez Pablo Ruz sobre la contabilidad b del PP.
La magistrada afirma que Bárcenas admitió, cuando denunció al PP el pasado marzo, por el robo de sus equipos informáticos que la propiedad de los mismos era del partido conservador. Por ello, explica que no puede practicar ninguna prueba que acredite lo contrario. Y asegura que la titularidad de los ordenadores pertenece al dueño del inmueble donde estaban ubicados, es decir, a la sede nacional de la calle Génova de Madrid.
Asimismo, la togada defiende el borrado de los equipos porque "se destruyó su contenido cuando el empleado [Bárcenas] dejó de prestar sus servicios para la empresa". Y admite que este formateo se llevase a cabo porque el partido conservador cumplió con el protocolo que tiene establecido para los equipos informáticos, que consiste en que los mismos sean utilizados por otros usuarios.
El supuesto encubrimiento
En relación al delito de encubrimiento, la jueza mantiene que no se puede imputar al PP porque todavía no se ha acreditado la comisión de un delito en la investigación que tramita el juez Ruz en la Audiencia Nacional sobre la contabilidad b del PP. Precisamente fue este magistrado el que remitió esta actuación a la jueza de Madrid, por entender que el borrado de los ordenadores de Bárcenas podía ser constitutivo de un delito de daños y de encubrimiento. La destrucción de los discos duros ha impedido que la policía certifique que los datos que aportó el extesorero del PP sobre la caja opaca del partido conservador se corresponde con la información que tenía almacenada en los equipos informáticos que el PP borró.
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