Ortega: «El presidente del TC debe irse antes de ser recusado»

Pocos días después de conocerse que el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, compatibilizó el cargo que ocupa con la militancia en el PP, la Generalitat anunció su intención de recusarlo para que no participe en recursos clave que afectan a Catalunya, como la declaración de soberanía y la ley de educación catalana. Ayer, tras informar EL PERIÓDICO de que este magistrado es administrador único de una asesoría legal, la vicepresidenta Joana Ortega fue más allá y consideró que «debe irse antes de ser recusado». En cambio, su homóloga en el Ejecutivo central, Soraya Sáenz de Santamaría, se limitó a lavarse las manos y a echar la pelota hacia el tejado del TC, subrayando que debe ser este organismo quien tome decisiones.

En declaraciones a este diario, Ortega advirtió a Pérez de los Cobos de que las noticias de los últimos días están minando «su credibilidad y su honorabilidad», por lo que consideró que lo más adecuado sería que dejara el cargo sin necesidad de que se lo pidieran. «En estos momentos se reclama transparencia e imparcialidad aún más que nunca, algo que no ha demostrado el presidente del TC», aseveró la número dos del Govern. En la misma línea crítica se mostró elconsellerde Presidència, Francesc Homs, quien comentó en RAC-1 que «en otros países de fuerte tradición democrática, este señor ya se habría ido».

CAMBIAR LA LEY / Por si aún no había quedado clara la posición de CiU, en su carta web semanal a la militancia, el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, insistió en que Pérez de los Cobos «es recusable en todos los asuntos que lleguen al tribunal y que de una forma u otra afectan al PP». El dirigente democristiano, además, abogó por cambiar la ley para que queden más claras las incompatibilidades.

Nada de eso dijo la vicepresidenta del Gobierno central. Preguntada sobre si considera que Pérez de los Cobos debería disolver la empresa que dirige o al menos dar explicaciones, Sáenz de Santamaría, aseguró que «no le corresponde al poder ejecutivo decir lo que tiene o no tiene que hacer». «Estamos en la mesa del Gobierno, y aun cuando el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial, pero sí un órgano jurisdiccional del Estado, no puedo entrar a vulnerar ese principio de la separación de poderes. El propio órgano ya ha dado las explicaciones oportunas», contestó la número dos del Ejecutivo central. Tras la publicación enEl País del pasado de Pérez de los Cobos como militante del PP (lo fue incluso durante su primera época como magistrado del alto tribunal), el TC sostuvo en una nota que no había ninguna incompatibilidad. No mencionó el rol del presidente de la institución al frente de la empresa Labour Prospectives porque en ese momento se desconocía.

EL CESE DE LA ACTIVIDAD / Pérez de los Cobos, a su llegada al TC en el 2010, tuvo la precaución de informar a la Agencia Tributaria de que cesaba la actividad de su asesoría para no violar la ley del Alto Tribunal que impide a sus miembros tener cualquier «actividad mercantil». No obstante, los juristas consultados juzgan «poco ético» que no disolviera la empresa y que aún figure como gestor.