EL CASO DE LOS ERE

El exinterventor de la Junta de Andalucía, en libertad sin fianza tras una larga comparecencia

La jueza Alaya mantiene la imputación por malversación y prevaricación a Manuel Gómez

El exinterventor de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, a su llegada a los juzgados de Sevilla

El exinterventor de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, a su llegada a los juzgados de Sevilla / periodico

JULIA CAMACHO / Sevilla

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La jueza instructora del caso de losERE Mercedes Alayaha dejado enlibertad sin fianzani otras medidas cautelares al exinterventor de laJunta de Andalucía Manuel Gómez, tras prestar declaración durante una larga jornada que concluyó en torno a las 22.00 horas de este jueves. Gómez continúa imputado por sendos delitos demalversaciónyprevaricación. En su comparecencia, ha asegurado que todo el consejo deGobiernoandaluz durante la pasada décadaestaba al tanto de las irregularidades en el sistema de concesión de ayudasayudasa empresas en crisis, dado que provocaron llamativos desfases presupuestarios.

El exinterventor se ratificó en la declaración que ya hiciera el pasado año en la comisión de investigación que se llevó a cabo en el Parlamento, aunque fue más contundente. Así, le contó a la jueza que en el 2003, cuando se produjo la primera de las quince advertencias que realizó Gómez, el consejo de Gobierno que entonces presidíaManuel Chavesacordó que la Intervención analizara los expedientes de las ayudas para concretar los motivos del desfase y las modificaciones presupuestarias.

En el 2005, esedescuadrealcanzaba ya los 90 millones de euros y desequilibraba las cuentas andaluzas, por lo que Gómez se reunió con la viceconsejera de HaciendaCarmen Martínez Aguayo, número dos entonces del ahora presidente andaluz, José Antonio Griñán, y actual responsable del departamento. Por eso, el exinterventor considera "impensable" que Griñán no estuviera al tanto de lo que ocurría, un aspecto que también da por hecho la jueza.

"Habría acabado en un cajón"

El exinterventor justificó que ninguno de sus informes fueran de actuación --el tipo de documento que hubiera hecho saltar las alarmas porque obliga a adoptar medidas-- porque no se había detectado menoscabo de fondos públicos. Y apuntó que posiblemente "habría acabado en un cajón" como el resto de informes. De hecho, en una carta remitida el año pasado al Parlamento tras el cierre de la comisión de investigación que le señalaba a él como uno de los responsables políticos del fraude, Gómez lamentó que si hubiera habido voluntad política "el nido de corrupción se habría desecho en 24 horas".