La jueza Alaya imputa a dos hermanos de Báñez por amañar presuntamente la venta de terrenos de Mercasevilla

La jueza Mercedes Alaya ha rectificado el error por el que el lunes citó a declarar al padre ya fallecido, hace doce años, de la titular de Empleo, <strong>Fátima Báñez</strong>, por la venta fraudulenta de unos terrenos de la empresa mixta Mercasevilla y, en un nuevo auto, ha imputado a dos hermanos de la ministra. Eduardo Báñez García, consejero delegado en la empresa Construcciones Juan de Robles S.A, que participó en la subasta investigada, y su hermano Nicolás, delegado solidario de la misma compañía, deberán comparecer ante la instructora. Tanto ellos como los responsables de las otras empresas constructoras que pujaron por los terrenos están imputados por un supuesto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas.

Fuentes judiciales han explicado que en el nuevo auto, Alaya admite que la citación del fallecido se debió a una confusión con el segundo apellido, ya que, por un error, constaba González en vez de García, que era la persona cuya declaración propuso la Fiscalía. Las sospechas de la jueza apuntan a que el concurso público convocado en el 2006 para la venta de los terrenos de la empresa mayorista de mercado, en los que iban a edificarse más de 2.000 viviendas, estuvo amañado desde el inicio para que lo ganara Sanma, filial del grupo SANDO.

Alaya considera que el concurso fue contra el interés general, dado que la oferta ganadora era inferior en más de 50 millones a otras de las propuestas presentadas, y que el resto de empresas participantes hicieron ofertas "de relleno".

Un precio artificial

En el auto de citación, la jueza mantiene que de los indicios obtenidos hasta el momento de la investigación "puede deducirse el posible concierto" entre Mercasevilla y Sanma e incluso entre esta y las demás sociedades que participaron en el concurso. De esta manera, el resto de constructoras habrían ayudado a "crear artificialmente un precio que favoreciera el ofrecido" por la ganadora. No obstante, en un comunicado emitido el pasado lunes, Eduardo Báñez García ha negado cualquier connivencia o relación entre las empresas que pujaron, como mantiene la Guardia Civil, más allá de la relación entre competidoras por un mismo proyecto.

Una veintena de imputados

Hasta el momento, en la causa están imputadas 23 personas, entre ellas el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos (IU), los exgerentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo y el que fuera responsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense y exasesor del Grupo socialista Domingo Enrique Castaño, cuyo posible enriquecimiento ilícito también está siendo investigado en la causa.